Andalucía protegerá por ley la sanidad pública de cualquier tipo de «agresión» al sistema de bienestar como los copagos, los intentos de privatización o la merma de acceso a determinados tratamientos. El Consejo de Gobierno regional aprobó ayer el proyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público, que tiene por objetivo blindar todos los derechos y prestaciones de la cartera regional de servicios.
El consejero de Salud, Aquilino Alonso, explicó ayer que el espíritu de la ley, que ahora tendrá que afrontar su trámite parlamentario, se remonta a los años profundos de la crisis, cuando los principios que parecían «inquebrantables» fueron tocados por el Gobierno del PP, en alusión al real decreto del 2012 de medias urgentes para la sostenibilidad. Ese decreto, según Alonso, marcó un «antes y un después» e introdujo elementos como el copago farmacéutico para pensionistas. Ahora, Andalucía, con la socialista Susana Díaz a la cabeza, sigue la senda de marcar un camino alternativo al PP para consagrarse como oposición y protegerse contra «estos continuos ataques», demostrando la preocupación del Gobierno regional por «mantener intactos los valores de uno de los pilares del Estado de bienestar». Más allá de las declaraciones de intenciones con carga política, la ley tendrá efectos prácticos. Así, prevé el acceso a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma sin copagos, y cuando las prestaciones de la cartera de servicios de sistema nacional de salud prevea algún tipo de pago alternativo, se «arbitrarán» las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir un excluido de una prestación por dinero, según recoge el texto normativo. Esto se traduce en la universalidad del servicio.
