El Ayuntamiento estudia la derogación de varios artículos de la ordenanza del taxi, después de que la Comisión de los Mercados y la Competencia se haya pronunciado en contra de ellos por considerar que "obstaculizan significativamente la competencia". Este organismo, dependiente del Ministerio de Industria, ha realizado un requerimiento previo a su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, por lo que los servicios jurídicos municipales ya se han puesto a trabajar en este asunto. Se estima que pueden transcurrir dos meses más hasta que la norma llegue a los tribunales.

La ordenanza se aprobó el 14 de mayo con los votos a favor del PP y la abstención de UCOR, IU y PSOE, después de un tortuoso camino que incluyó una aprobación inicial en marzo (hubo que reiniciar el proceso) y doble periodo de alegaciones. La oposición criticó que se sacara adelante una norma "sin consenso", mientras que la concejala Ana Tamayo dijo que cumplía "con todos los requisitos". Todas las capitales andaluzas han tenido que adaptar sus textos al nuevo reglamento sobre transporte, pero, que se sepa, el Gobierno solo ha tumbado el de Córdoba.

Competencia cuestiona 14 artículos y sostiene que supone "un obstáculo al desarrollo de una competencia efectiva, en la medida en que introduce barreras no justificadas a la entrada y permanencia de los operadores, limitando su capacidad de competir y ofrecer productos y servicios o reduciendo sus incentivos para concurrir". Establece cinco categorías de "impedimentos" a la competencia: la determinación del número de licencias (pide la eliminación de numerus clausus ); relativos a las potestades auto-organizativas de los operadores; vinculados a la exigencia de calidad y seguridad; sobre la participación de las asociaciones del sector, y previsiones relativas al régimen tarifario (se carga el concepto de tarificación establecido). Este punto fue uno de los más criticados por los consumidores, al quedar establecido que el cobro de un servicio (bajada de bandera) requerido por teléfono empezaba cuando el taxi comenzaba a moverse y no cuando el cliente subía al vehículo. Competencia lo elimina al cuestionar la tarificación en general.

El equipo de gobierno quiere abrir "un periodo de consultas", para que expresen sus opiniones ante el nuevo escenario (se les ha dado un plazo de diez días para presentar alegaciones).