La propuesta se apoya en precedentes anteriores. Así, el documento recuerda que el Pleno ya aprobó en julio del 2000, julio del 2003 y mayo del 2004 dar luz, agua y saneamiento a viviendas susceptibles de ser legalizadas, con la posibilidad de adoptar medidas urgentes de carácter provisional si había riesgo para la salud de los ciudadanos. Para ello, debían ser primera y única residencia, no tener servicios, contar con acometidas a pie de parcela y comprometerse a cumplir con sus deberes urbanísticos. Sin embargo, la normativa se endureció y no se aplicó. Ahora, en cambio, el Ayuntamiento tiene un nuevo marco legal a través del decreto del 2012 de la Junta, que introdujo la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación --que no legaliza pero reconoce la situación, siendo la llave para la dotación de servicios y la inscripción en el registro-- y de la reforma de la LOUA del mismo año, y dispone de herramientas municipales nuevas como la innovación del PGOU para incluir el AFO, la ordenanza sobre habitabilidad y el avance de casas en suelo no urbanizable.
En la reunión con la mesa de El Higuerón, Luis Martín presentó los criterios fijados para abaratar los costes de las obras de urbanización. Urbanismo lleva trabajando en ellos más de un año, pero falta su aprobación, prevista para febrero. Se aplicarán en el primer proyecto de urbanización que se ejecute.
