El gobierno municipal ha decidido colocar paneles informativos en algunas calles de la ciudad cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía para que los ciudadanos conozcan a qué administración le corresponde arreglarlas. Ya intentó hacer lo mismo el equipo de gobierno el pasado mes de julio en el transcurso del Pleno ordinario celebrado entonces, pero la iniciativa se retiró para que la propuesta del PP para que la Junta arreglara esas vías fuese aprobada por unanimidad, como así sucedió.
Pero han transcurridos cuatro meses desde entonces sin que el Gobierno andaluz haya dado respuesta a la demanda del Ayuntamiento de Córdoba para que la Administración regional arregle la Ronda del Marrubial, la avenida Carlos III, la avenida del Brillante, la avenida Cañada Real y la travesía de Villarrubia, según dijo ayer la teniente de alcalde de Infraestructuras, Laura Ruiz. Así las cosas, el grupo municipal del PP va a llevar de nuevo esa misma moción para que la Junta intervenga en esos viales, y no habrá marcha atrás en cuanto a la colocación de esos paneles informativos en las inmediaciones de esas vías en los que se publicitará que "la titularidad y responsabilidad del arreglo de dicha calles corresponde a la Junta, al objeto de clarificar el conocimiento de las competencias".
AYUDA A DOMICILIO En otra proposición que el PP presentará en el Pleno del próximo 12 de noviembre se va pedir a la Junta que prorrogue el plazo de ejecución del programa de consolidación del servicio de ayuda a domicilio del decreto de medidas extraordinarias y urgentes de lucha contra la exclusión social, para que, en el supuesto de que por cuestiones operativas fuese imposible ejecutar los 631.000 euros que le correspoden a Córdoba para prestar ese servicio, no haya que devolver cantidad alguna y se pueda continuar con el programa más allá del 31 de diciembre, según dijo la concejala de Servicios Sociales, María Jesús Botella.
La edil del PP añadió que también llevará al Pleno una solicitud para que el Gobierno andaluz estudie la posibilidad de dar continuidad a las medidas del decreto de exclusión social mientras que sigan las circunstancias socioeconómicas que motivaron su aprobación.
