Lucía Alarcón: "Espero que asimilen el valor de los intereses generales"

- Depende de los sectores. En materia tributaria, por ejemplo, se sanciona mucho. En otros muy poco. El problema es que las sanciones (los castigos en general) deberían de ser la última ratio, la excepción. Y la Administración debería utilizar antes otras medidas alternativas para tratar de imponer la conducta correcta y restablecer la legalidad conculcada. En ámbitos en los que las infracciones administrativas vulneran bienes jurídicos especialmente valiosos, como la salud pública, los derechos de los menores, la seguridad, sí habría que sancionar más y mejor. Pero, en otros muchos casos, las sanciones deberían ser el último recurso al que acudir.

- El Derecho Administrativo es un gran desconocido a pesar de que todos tenemos relación con las distintas administraciones públicas. ¿Sería necesario incluir en los planes curriculares de las etapas educativas tempranas un mayor conocimiento de las administraciones públicas?

- El Derecho Administrativo no es tan atractivo a primera vista como otras ramas del ordenamiento (el Derecho penal o el civil), pero es, como bien dice, porque apenas se le conoce. Y eso asusta. Mis alumnos al empezar el curso piensan que el Derecho Administrativo es feo y difícil. Un muermo. Y la inmensa mayoría de ellos, después de estudiarlo y comprenderlo, lo acaban respetando y admirando. No soy partidaria de recargar mucho los planes de estudio de las enseñanzas no universitarias, que lo que tienen que estudiar es Historia, Filosofía, Lengua, Matemáticas y disciplinas clásicas. Pero, pese a ello, sí que creo conveniente que se incluyan asignaturas que permitan conocer los aspectos capitales de la Constitución y de las instituciones públicas. De hecho, ya existe algo en este sentido. Quizá habría que darle más importancia. Eso contribuiría a formar a los individuos como ciudadanos y al mejor funcionamiento del sistema.

- ¿Cree que la ciudadanía, en general, se siente algo indefensa ante la Administración?

- Por supuesto. Aunque hay muchas posibilidades de defensa, son complicadas para el ciudadano común y para sus problemas rutinarios. Por eso, es importante enseñarle cómo puede enfrentarse a la pesada maquinaria administrativa. No obstante, también hay que pensar que, frente a ciertos intereses privados, es la propia Administración la que se siente impotente e incapaz de garantizar el interés general.

- La pandemia ha impuesto la digitalización a pasos agigantados, ¿se está dando respuesta desde el Derecho Administrativo a los derechos de la ciudadanía?

- La digitalización tiene muchas ventajas pero, por ahora, se han desarrollado más y son más efectivas las que benefician a la Administración y menos las que benefician a los ciudadanos. La llamada brecha digital ha aumentado gravemente la desigualdad y las dificultades de acceso a los servicios públicos de muchas personas.

- Como docente, ¿Qué espera que saquen sus alumnos de su asignatura además de los conocimientos propios de la misma?

- Me gusta que se sientan orgullosos del esfuerzo que han hecho por aprender. Se lo digo muchas veces. Espero que asimilen el valor de los intereses generales y el papel crucial que desempeña la Administración en su consecución. Y siempre espero transmitirles mi emoción por el Derecho. Al menos, una pequeña parte de ella.

- Y en el ámbito de la investigación, ¿cuáles son sus líneas de trabajo en la actualidad?

- Ahora estoy estudiando a las personas jurídicas privadas (asociaciones, sociedades anónimas, etc.) y sus derechos frente a las Administraciones. Sobre todo, si tiene sentido que tengan ciertos derechos fundamentales y en qué medida deben disfrutarlos. Y sigo con mis sanciones. Eso siempre.

- Todos tenemos referentes, ¿quiénes son los suyos?

- El primero fue mi padre: Gabriel Alarcón Santaolalla. Al él le debo mi vocación por el Derecho. El segundo ha sido mi maestro: Manuel Rebollo Puig. A él le debo mi vocación por la Universidad.