Administrativando Abogados, en defensa de las víctimas del Alvia

Como es sobradamente conocido, el 24 de julio de 2013 se produjo un accidente ferroviario en Santiago de Compostela, cuando el tren Talgo número 04155, perteneciente al servicio ferroviario de Renfe Alvia, tras partir a las 15.00 horas de aquel día de la estación Madrid-Chamartín en dirección Ferrol (A Coruña), descarriló en la curva de A Grandeira de Angrois, aproximadamente a 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela.

 De 221 pasajeros y 6 tripulantes, el referido accidente causó la escalofriante cifra de 80 fallecimientos, resultando heridas 152 personas.

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 Los siniestros ferroviarios de dicha magnitud tienen que ser necesariamente investigados por parte de un organismo técnico especializado. En el caso de España, por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Así lo exige tanto la Directiva 2004/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles, vigente al tiempo del siniestro, como la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Ambas normativas imponen la necesidad de que dicho organismo sea absolutamente independiente de las partes implicadas en el sector ferroviario. 

 En este caso, la CIAF emitió Informe a fecha 20 de mayo de 2014, que fue publicado el 4 de junio de 2014, en el que se reconoce expresamente, la participación en la investigación técnica, de las partes directamente implicadas en el siniestro, esto es, miembros de ADIF, RENFE e INECO, SA (Sociedad Mercantil Estatal dependiente del Ministerio de Transportes).

 Concretamente se indica la participación del director se seguridad en la circulación del Administrador de Infraestructura Ferroviarias (ADIF), del director de seguridad en la circulación de Renfe Operadora e INECO, S.A, que junto con la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, realizó trabajos de apoyo al técnico responsable en la investigación de este suceso.

 Analizada esta circunstancia por parte de la Agencia Ferroviaria Europea, ésta emite un documento de asesoramiento por el que considera probado que la investigación realizada por la CIAF presenta graves deficiencias entre las que se encuentra la falta de objetividad e imparcialidad de sus intervinientes. Concluye la Agencia que “deberá, necesariamente, de abrirse una investigación que cumpla con los requisitos de independencia y objetividad”.

Asimismo, ésta pone en evidencia, además de otras deficiencias, que en el curso de la investigación, tampoco se permitió a las víctimas que formalizasen sus correspondientes alegaciones, lo que vulneraría nuevamente tanto la Directiva 2004/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles, como el Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los accidentes ferroviarios que exigen expresamente el trámite de audiencia a los afectados.

 Fruto de tales presuntas irregularidades en la investigación del accidente, en enero de 2019, la Comisión Europea inició un nuevo procedimiento sancionador al Estado español por incumplimiento de las Directivas Comunitarias en materia de seguridad ferroviaria. En concreto, el procedimiento vuelve a poner en entredicho el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) al apuntar las “deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación [CIAF] analiza e investiga los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad”.

 Sin embargo, hasta la fecha, el Estado Español no ha tomado medida alguna para subsanar tales deficiencias.

 En este contexto, la Asociación de Víctimas, en diciembre de 2020, de la mano de la firma Administrativando Abogados, presentó un requerimiento dirigido tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como ante la CIAF. Al primero le exige la renovación de parte de los miembros de la citada Comisión, que a día de hoy, al parecer, no goza de independencia y a la segunda que, posteriormente, proceda a llevar a cabo una nueva investigación objetiva y cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos.

 Tras haber sido notificada su desestimación por parte del Ministerio de Transportes, el citado despacho de abogados, en representación y defensa de las víctimas, interpuso recurso contencioso–administrativo ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La demanda, que firma el socio director Antonio Benítez Ostos, fue presentada el pasado mes de julio.

Administrativando Abogados es considerado como un despacho de referencia a nivel nacional en Derecho Administrativo y Contencioso– Administrativo.

Entre su cartera de clientes se encuentran empresas del IBEX, compañías y fondos de inversión nacionales e internacionales, Administraciones Públicas, Altos Cargos de la Administración, Asociaciones, Colegios Profesionales y miembros del poder público.

Asimismo, se ocupa de la defensa de casos de alto impacto mediático. Entre otros muchos, como despacho de abogados expertos en contratación pública , ha llevado a cabo la impugnación de la compra centralizada de equipos de protección por parte de la Comunidad de Madrid. Asimismo, como despacho de abogados especialista en funcionarios, defiende la drástica reducción del francés en los institutos de la Comunidad de Madrid -concretamente a la Asociación Internivelar de docentes de dicho idioma-.