Cataluña, Andalucía y Cantabria, las comunidades más preocupadas por la "okupación"

Un 24 % de los españoles -1 de cada 4- cree que hay posibilidades "medias o altas" de que le "okupen" su vivienda y el 77% cree que este fenómeno es ya "un problema social en nuestro país". Con datos de un informe presentado este martes por la aseguradora Línea Directa, sólamente el 8% de la sociedad piensa que la “okupación” de viviendas es un fenómeno residual "sin mayor trascendencia" que suele exagerarse por motivos políticos. Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) son los territorios donde hay más alarma, mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, donde menos.

Son algunas de las conclusiones de un estudio, elaborado por Línea Directa Aseguradora a partir de los resultados de 1.700 encuestas -realizado entre el 14 y el 19 de junio de 2023- bajo el título de 'Los españoles ante la "okupación" de viviendas'. El informe recaba la percepción ante esa "okupación". Entre las respuestas, hay diferentes causas como la "lentitud de la justicia" (28%), la "permisividad de los políticos" (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido al alto precio (23%). Además, casi 3 de cada 4 ciudadanos (73%) piensan que las penas para este tipo de prácticas "son muy laxas" y que "no existe seguridad jurídica".

Tipo penal específico

En la presentación de las conclusiones, Mar Garre, Directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, ha desarrrollado algunos de los datos de la encuesta y ha explicado que, aunque la "okupación" no existe como tipo penal específico en nuestro ordenamiento jurídico, puede ser perseguida utilizando el delito de usurpación o el de allanamiento de morada, según las circunstancias de cada proceso.

Un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso de "okupación", un porcentaje "especialmente relevante" en las Islas Baleares (39%).

Con datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, los casos de se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles en ese periodo, desglosó. Además, un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso de "okupación", un porcentaje "especialmente relevante" en las Islas Baleares (39%). 

Los más preocupados

Por territorios, Cataluña, con 650 "okupaciones" denunciadas en 2022, Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor número de casos registrados. Y si se trata de las comunidades autónomas que viven este tema con más preocupación, destacan, Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) como los territorios donde los ciudadanos se muestran más alarmados, mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, donde menos.

Sólo el 22% de los españoles afirma conocer bien la regulación actual de la "okupación", mientras que la mitad dice tener nociones generales y un 28%, admite no conocerla "en absoluto"

En cualquier caso, sólo el 22% de los españoles afirma conocer bien la regulación actual de la "okupación", mientras que la mitad dice tener nociones generales y un 28%, admite no conocerla "en absoluto". El endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones "preferidas" para solucionar este problema según el 60% de los españoles, muy por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%).

El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro de los objetos de debate, apunta Línea Directa: el 53% de los españoles es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez en caso de que no se demuestre 'in situ' la propiedad o la existencia de un contrato vinculante.

Finalmente, con datos de la encuesta, el 35% de los españoles cuestionados, está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos. Además, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro "antiokupación", siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas más valoradas.