Amnistía Internacional aplaude la iniciativa del Gobierno socialista de luchar contra la violencia machista desde una ley integral. Eso sí, le pide que elimine "toda laguna jurídica" que pueda menoscabar la eficacia de la futura norma. Así lo afirma la ONG en un informe que será entregado en breve al departamento de la ONU que se ocupa de la discriminación contra la mujer.

El estudio de Amnistía es demoledor. El texto asegura que en los dos últimos años --cuando gobernaba el PP-- las autoridades españolas "no han hecho lo suficiente" para atajar la violencia doméstica, un mal que sufren dos millones de españolas --aunque sólo el 4% lo reconoce de forma expresa--. La ONG también recuerda que en lo que va de año 33 mujeres han muerto a manos de sus compañeros o ex. "El nuevo Gobierno --concluye AI-- debe intensificar sus esfuerzos en este sentido".

DOBLE MARGINACION Al igual que en anteriores informes, Amnistía denuncia ahora el "escaso reconocimiento institucional" que reciben colectivos doblemente marginados, como las sin papeles y las discapacitadas. De hecho, los sindicatos le han pedido al Gobierno que en la futura ley tenga presentes a estas mujeres. Todavía está por ver que el Ejecutivo lo haga.

La ONG también arremete contra las campañas de concienciación. Estas, a su juicio, van dirigidas a la mujer (para que se atreva a denunciar), pero apenas incluyen mensajes destinados al varón y a la sociedad en general. Según las asociaciones feministas, estos anuncios son "más eficaces" que los dirigidos sólo a las maltratadas.

FALTA DE DILIGENCIA En su lista de críticas, Amnistía Internacional despotrica contra la "falta de diligencia de los médicos forenses" en la investigación de las denuncias. Además, en opinión de la ONG, es "preocupante lo habitual de la suspensión" de las condenas en estos delitos. Según datos del Poder Judicial, el año pasado fueron juzgados 50.450 hombres. Sólo el 62% fueron condenados.

Amnistía pone de manifesto que existen "insuficientes mecanismos de control" para vigilar que todo maltratador con una orden judicial de alejamiento la cumpla.

REFUGIADAS Para paliar la actual situación, la ONG recomienda al Ejecutivo que impulse varias medidas. Por ejemplo, incluir de forma expresa la violencia machista como condición para que una mujer consiga el estatuto de refugiada.

Además, la ONG exige que las maltratadas tengan acceso a la red de servicios sociales independientemente de la autonomía en la que residan. También, y en clara referencia a los policías, reclama un mayor celo a la hora de vigilar que los agresores con orden de alejamiento no se acerquen a sus víctimas.