En estos tiempos convulsos e inciertos, hay quienes continúan esforzándose en sacar adelante sus proyectos, luchando contra viento y marea para hacerlos realidad. Es el caso de un amplio grupo de agricultores de la campiña cordobesa agrupados en la Plataforma ‘Por la ampliación del regadío a la margen derecha del canal Genil-Cabra’.
Este grupo de agricultores lleva más de treinta años con el sueño de lograr que se autorice dicha ampliación a un área que forma parte del perímetro de la zona regable, pero a la que, por diversas circunstancias, nunca ha llegado el agua. Dicha ampliación significaría la puesta en riego de 5.530 has, repartidas entre los municipios de Aguilar, Moriles y Puente Genil.
Su propuesta está avalada por sólidos argumentos técnicos, jurídicos y socioeconómicos, y cuenta además con el apoyo de los alcaldes de esos tres municipios y de todas las fuerzas políticas allí representadas. También cuenta con el respaldo de las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA).
La zona regable Genil-Cabra
Esta zona fue declarada de interés general en 1974 y abarca un área de 40.000 has, de las que 37.010 has son consideradas útiles para el riego. No obstante, en la actualidad sólo están en regadío 24.372 has. Eso significa que sólo se aprovechan dos tercios de la superficie potencialmente regable, por lo que aún hay margen de ampliación para un tercio de la misma (12.639 has).
Todo ello, obviamente, siempre que se disponga de la dotación de agua necesaria y de los recursos económicos suficientes para acometer el proyecto de ampliación. Esto es, sin duda, una limitación importante, y más en tiempos de restricciones presupuestarias como los actuales y en un escenario en el que predominan las políticas de reducción del consumo de agua.
La viabilidad técnica y económica
Sin embargo, el proyecto presentado por la plataforma no implica aumentar la actual dotación de agua, ni tampoco supondría coste económico para el erario público, estando además avalado por la normativa que regula el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Veamos por qué.
En primer lugar, porque en la actualidad se está utilizando menos de la mitad de la dotación de agua que tiene asignada la zona regable, gracias a las tecnologías de ahorro de agua instaladas en las explotaciones y a las buenas prácticas agrícolas. Pensemos que la zona regable Genil-Cabra contempla una dotación anual por ha de 4.823 m3, mientras que la media de consumo en el periodo 1990-2017 ha sido de sólo 2.130 m3/ha. Ello dice mucho en favor de los agricultores de la zona, con actitudes proclives a la modernización del regadío y a las estrategias innovadoras.
En segundo lugar, porque, debido a ese ahorro, existe capacidad suficiente en las estaciones principales de bombeo de la zona regable, por lo que no sería necesario construir nuevas instalaciones. Hay que tener en cuenta, además, que el área para la que los agricultores solicitan la ampliación del riego, es lindera con el propio canal a lo largo de los 20 km que cruzan por el término municipal de Puente Genil, con lo que el coste de llevar el agua a esa zona sería mínimo.
En tercer lugar, porque gran parte de las explotaciones ubicadas en esa área cuenta ya con infraestructuras de riego, que fueron instaladas por sus propietarios y financiadas por ellos mismos para regar en precario, estando a la espera de que algún día el sueño de la ampliación se haga realidad.
En cuarto lugar, porque el proyecto está en sintonía con el RD 1/2016 que aprueba la revisión de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, donde se dice que «el organismo de cuenca podrá destinar hasta el 45% de los recursos ahorrados, a futuras ampliaciones dentro de la demarcación».
Una oportunidad para la innovación
Tal como señala el informe de la citada Plataforma, el aumento de la superficie de riego supondría, además, garantizar la regularidad de las cosechas, hoy sometida a la incertidumbre climatológica de los secanos, y aumentar sus rendimientos productivos. Asimismo, sería una buena ocasión para implantar nuevos cultivos en una zona como ésta donde se da una importante presencia de industrias agroalimentarias.
A ello habría que añadir el indudable impacto socioeconómico del proyecto, ya que beneficiaría a un millar de agricultores (en su mayoría, pequeños y medianos agricultores), creando riqueza y nuevos puestos de trabajo.
En definitiva, los agricultores agrupados en la Plataforma tienen razones técnicas, jurídicas y socioeconómicas suficientes para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía atiendan sus demandas. Por todo ello, su proyecto, apoyado, como digo, por los ayuntamientos de los tres municipios afectados y por las OPAs, debe ser, al menos, valorado en la comisión mixta de ambas instituciones.
* IESA-CSIC
