La caída del banco Popular es la crónica de una muerte anunciada. Señalado como el eslabón débil del sistema bancario español en los estrés test del Banco Central Europeo (BCE), la entidad estaba en caída libre desde la última junta de accionistas que puso al descubierto sus flaquezas y forzó un cambio en la dirección. La misión liquidadora del equipo encabezado por Emilio Sarancho ha sido mucho más rápida y más radical de lo que los mercados financieros interpretaron en un primer momento, y el presidente del Popular se marcha tras apenas seis meses en el cargo sin haber cumplido sus objetivos, que pasaban por una nueva ampliación de capital o por buscar un comprador que ofreciera un precio justo.

El resultado es una intervención rápida del BCE, bajo supervisión de la Comisión Europea, a través del FROB, que ha despojado a los accionistas y a los bonistas de sus derechos --una medida que será contestada por una «avalancha» de acciones legales contra el banco Popular, según anunciaron ayer despachos de abogados y asociaciones de consumidores tras conocerse la pérdida del 100% de la inversión-- y ha preservado los derechos de los impositores y de los acreedores de la entidad bancaria. Todo ello, en apariencia, sin ningún cargo al erario público español y entregando el Popular a una entidad de reconocida solvencia como el banco Santander, por el simbólico precio de un euro.

Ahora sí que podemos dar definitivamente por zanjada la crisis del sistema bancario español que ha comportado la práctica desaparición de las cajas y una cierta, aunque no definitiva, concentración del sector. Alguna operación corporativa más se puede llegar a producir pero ya no será por razones de saneamiento sino puramente de estrategia de mercado. Con el Popular, como pasó con algunas cajas, desaparece también un banco de referencia para las pequeñas y medianas empresas a las que ha acompañado durante los tiempos de bonanza y a las que no ha abandonado en los tiempos de crisis, ayudándolas en muchos casos a sobrevivir cuando estaban amenazadas. Seguramente el Santander será capaz de recoger la estela en este segmento de mercado --que tantas dificultades tiene para financiarse-- con la misma profesionalidad que lo ha hecho en otros que domina a la perfección.

Esta operación ha supuesto también la puesta de largo de los mecanismos de regulación y de resolución de las entidades financieras que puso en marcha la Unión Europea (UE) tras la última crisis financiera. Hay que reconocer que la intervención ha sido rápida y eficaz. Pero hay que ver también que ha comportado unas prácticas tan excepcionales como una subasta de madrugada por teléfono. Los mecanismos de control deberán certificar en los próximos meses que la prisa no ha significado en ningún caso la vulneración de la ley ni mucho menos la alteración de la libre competencia.