A tapar la calle

Nos quieren quitar la calle. A base de estulticia y de maldad, de estrategia y bobería legislativa, pero usurpándola, convirtiendo las plazas, las aceras que son la voz porosa de las generaciones, en un territorio vedado para la libertad. Para la libertad, cantaba Serrat, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad seguimos luchando, perviviendo, porque a la indignidad se llega por caminos cambiantes, a través de las instituciones centrales y autonómicas, con distintos credos y partidos, nombres y candidatos al latrocinio de la individualidad, de una ciudadanía convencida de ser sujeto de derecho.

Como la ley mordaza, impuesta por el PP sin apoyos parlamentarios, por encima de las críticas de la Unión Europea y la ONU, convirtiendo el derecho de manifestación en una carrera de obstáculos contra la arbitrariedad policial. Gracias a estas políticas, los estados se han convertido en grandes agencias de empleo en sociedades con nervio para manifestarse, como España y Grecia, porque sus gobiernos han preferido invertir millones en aumentar sus antidisturbios, antes que preguntarse por qué protesta la gente.

Pero esto es la maldad y la estrategia, esto es el afán por reducir nuestra libertad de expresión a la pisada de una suela de goma, mientras se acumulan expedientes de brutalidad policial. Esto es dejar la calle sin esperanza y con convencimiento, en decir de Angel González. Pero también tenemos la estulticia llana, la bobería legislativa, sometida al ánimo de los agentes, en la Ley 7/2006, de 24 de octubre, firmada por Manuel Chaves como presidente de la Junta, de potestades administrativas sobre el ocio en los espacios abiertos de las localidades andaluzas. Es decir: el texto legal que justifica la disparatada actuación de los municipales en Lucena que se ha hecho famosa.

Cuatro chicos comen unas pizzas en la plaza Cristo de la Sangre, bajo el cielo pacífico. Tiran las cajas a una papelera. Entonces llega la Policía Local y su "multa por concentración y permanencia en la vía pública para el consumo de bebidas", de hasta 300 euros. Sorprendidos, como único medio de protesta --y de estupefacción--, lo publican en Facebook --aún no hay una ley que lo prohíba-- y el dislate se hace viral.

Esta publicidad tan nefasta para el Ayuntamiento de Lucena, uno de los mejor gestionados de toda Andalucía, con un verdadero proyecto cultural estructurador de la ciudad, desde su legado sefardita, es una auténtica pena. Según Fran Adame, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lucena, "la policía ha actuado en cumplimiento de la normativa vigente, que prohíbe el consumo de bebidas fuera de las zonas habilitadas para ello, como el botellódrono existente junto a la plaza de toros".

Hombre, no exactamente. La ley debe ser leída con la debida sutileza, y más por un concejal de Seguridad, por nuestra propia seguridad como ciudadanos. Su artículo 3, sobre las limitaciones en el uso de los espacios públicos, se refiere a "la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas".

¿Alguien puede decirme qué "peligro para la pacífica convivencia" supone un pan pizza y dos botellas de Coca-Cola? Nada, en plena ola de deshidratación, prohibido beber agua por la calle, no vaya a caernos una multa. Estamos ante un evidente abuso interpretativo de la norma, con un presumible afán recaudatorio. Pero no es el único caso de delirio policial aplicando esta ley no menos delirante. Hace un año, ocho chicos fueron multados, cada uno con 101 euros, por jugar al parchís --¡al parchís!-- en una plaza de Málaga, mientras bebían unos refrescos. Gracias a la misma ley absurda, tontorrona, en Andalucía ningún adulto puede comprar alcohol por la noche, en un intrusismo lacerante, entre el totalitarismo y la directa necedad, en la libre disposición de cada uno.

La Ley 7/2006 está pésimamente redactada, porque genera inseguridad jurídica. Y además, ¿qué derecho tiene el legislador a entrar en semejantes jardines ciudadanos? Si mañana paseo acompañado por El Coso, en Lucena, y saco un bocata, ¿también será una reunión ilegal? ¿Pero esto que es, franquismo legislado por un ejecutivo socialista?

Escucho A tapar la calle , de Pablo Guerrero. Nos la quieren tapar, nos la han tapado ya. Que no pase nadie, parecen decirnos. Convendría recuperar cierta cordura, y también recordar que la verdadera libertad no es solo un nombre para las avenidas.

* Escritor