El Ministerio de Hacienda y los sindicatos han abierto las negociaciones para que los funcionarios de la Administración central recuperen la paga que perdieron en el 2012. Rajoy confirmó hace unos días que el Gobierno está dispuesto a la devolución "en la medida en que la recaudación y los Presupuestos lo permitan". Estamos hablando, pues, de en qué momento se producirá el reintegro, además de poner fin, de cara al próximo año, a la congelación salarial, que se prolonga desde el 2010. Hacienda presentará en la mesa de negociación fórmulas que permitan al Gobierno abonar, probablemente en fechas inmediatas a las elecciones, el 75% que falta de la paga, anunciar una ligera subida salarial y devolución de festivos. Precisamente el viernes pasado el Constitucional rechazó un recurso de la Junta y avaló la competencia del Estado para reformar el régimen de vacaciones y permisos de todos los funcionarios y, por tanto, la legalidad del decreto que en 2012 las limitó, en el contexto de las medidas de recorte presupuestario. Pero independientemente de este respaldo legal a las actuaciones del Gobierno del PP y de la nueva estrategia política, lo cierto es que los empleados públicos han sufrido severos recortes --como todos los trabajadores españoles-- que deben compensarse a medida que se confirme la recuperación y si el equilibrio presupuestario lo permite. En Andalucía también se ha dado un importante paso, con el anuncio de la presidenta, Susana Díaz, de que abonará en la nómina de febrero del 2016 el 25% de la paga extraordinaria del 2012 y desde el 1 de enero de 2016 se recuperará el cien por cien de la jornada y las retribuciones del personal interino y temporal. Avances, necesarios, hacia la estabilidad laboral en las administraciones públicas.
