El rescate de andalucia

Andalucía ha solicitado, tras otras comunidades, lo que, usualmente, se conoce como "el rescate autonómico". ¿En qué consiste una medida de este tipo? La respuesta se encuentra en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero (en adelante, RDL 21/212) y que se dicta en desarrollo de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

A través del RDL 21/2012 se crea un mecanismo de apoyo a la liquidez, de carácter temporal y voluntario, a las comunidades autónomas y que les permitirá obtener los recursos necesarios para financiar su endeudamiento. Es un mecanismo adicional de financiación, que se diseña sobre la base de los principios de competencia, eficacia, operatividad y cooperación entre aquéllas y el Gobierno central.

Presenta una especial relevancia en el mismo el plan de ajuste, que se configura como un instrumento en el que se concreta el acuerdo de cooperación para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es único y dinámico en el tiempo, pues debe ir adaptándose a los diferentes compromisos adquiridos por las comunidades.

Para el seguimiento del plan se contemplan obligaciones periódicas de remisión de información económica, financiera, presupuestaria y de tesorería con el objeto de evitar desviaciones en el cumplimiento de su contenido. En este sentido se prevé la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pueda proponer su modificación si se detectan riesgos de incumplimiento. Por tanto y del tenor literal del RDL 21/2012, no cabe considerar estas medidas como un control de las decisiones políticas autonómicas por parte del Gobierno central. El mecanismo se financia con cargo al llamado "fondo de liquidez autonómico", dotado con 18.000 millones de euros, y cuya gestión es responsabilidad del ICO. De aquí que las comunidades que soliciten "el rescate" obtendrán créditos con cargo a dicho fondo.

¿Acudir al rescate significa que se ha realizado una deficiente gestión de las finanzas públicas? Entiendo que ésta no debe ser la conclusión que se extraiga o, al menos, de forma generalizada. Es preciso tener en cuenta que, como sabemos y se repite continuamente, educación y sanidad, cuya competencia corresponde a las comunidades, son las principales partidas de gasto social en nuestro país. Y también es verdad que estos servicios son muy rígidos a la hora de realizar ajustes de gasto, ya que atienden necesidades básicas de la población. Por el lado del ingreso, la recaudación tributaria de las comunidades ha sufrido descensos considerables, todavía más acusados que los registrados a nivel estatal, ya que algunos de sus impuestos pivotan sobre el tráfico inmobiliario.

Dicho esto, también creo que debemos aprovechar esta oportunidad que brinda la crisis para plantear un debate técnico sobre nuestro modelo de Estado, que no se centre en cuestiones identitarias, sino en la no duplicidad de funciones, racionalización del gasto y, sobre todo, cuál es el nivel de gobierno óptimo para la prestación de determinados servicios. Por poner un ejemplo, se me ocurre que una gestión centralizada de la sanidad podría generar economías de escala y que, en la actualidad, se están desaprovechando.

*Socio director de F&J Martín

Abogados. Profesor titular de

Derecho Financiero y Tributario de la

Universidad Complutense