La resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU que crea una zona de exclusión aérea y permite medidas militares para proteger a la población civil de Libia tuvo ayer un primer efecto inmediato. El régimen libio, por boca del ministro de Asuntos Exteriores, Musa Kusa, aceptó la resolución y decretó un alto el fuego. Pero, como observaron tanto el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de visita en Madrid, la comunidad internacional hará bien en recelar de Gadafi y no creerse el alto el fuego. Ayer mismo, cuando la ONU ya había aprobado la resolución, las tropas del sanguinario coronel bombardearon Misrata, la tercera ciudad en manos rebeldes, y algunos testigos afirmaban que, pese a la declaración de alto el fuego, los combates continuaban.

Zapatero y el Gobierno español han actuado con una celeridad encomiable, igual que el PP y CiU, que se han apresurado a apoyar la resolución. El presidente del Gobierno aseguró que España tendrá "una contribución importante" que, por el momento, se concreta en la puesta a disposición de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), en la autorización a EEUU para usarlas y en la solicitud al Congreso de los Diputados del permiso para que las Fuerzas Armadas españolas puedan participar en las acciones militares. Habrá apoyo aéreo-naval, pero se desconocen aún los detalles. El Gobierno no descarta, incluso, que, si las circunstancias lo requieren, la autorización parlamentaria se produzca a posteriori de la entrada en acción.

España es así consecuente con su compromiso de apoyar una intervención en Libia si contaba con el aval de las ONU, el mismo requisito que no se observó en la invasión de Irak y por esta razón el PSOE, entonces en la oposición, se opuso y Zapatero retiró las tropas en una de sus primeras decisiones tras su toma de posesión en el 2004.

Ahora las circunstancias son muy distintas por mucho que pronto empezaremos a oír que la intervención está dictada por la necesidad de proteger los pozos de petróleo. Los países que han impulsado la resolución, sin embargo, han dejado muy claro que se trata de proteger a la población civil, masacrada por un dictador sin escrúpulos y de una crueldad sin medida. Cuando el Estado, en lugar de cumplir con su deber de proteger a sus ciudadanos, los elimina sin contemplaciones, es legítimo que la comunidad internacional intervenga para parar el genocidio en aplicación de la doctrina sobre la "responsabilidad de proteger" impulsada por el mejor secretario general que ha tenido la ONU en los últimos tiempos, Kofi Annan.

La resolución se aprobó en la ONU por 10 votos, uno más de los necesarios, con las abstenciones esperadas de China y Rusia, pero con la sorprendente inhibición de Alemania. Por más que Berlín aduzca con cinismo y falta de compasión que una intervención puede crear más problemas que los que resuelve, no se acaba de comprender su abstención.

La defección de Alemania traslada todo el protagonismo a Francia y Gran Bretaña. Nicolas Sarkozy ha convocado hoy mismo en París a dirigentes europeos, árabes y de la OTAN.