«Rompe con todo el sistema de responsabilidad universal»

-¿A qué se debe un número tan reducido de concursos?

-Básicamente, a que estamos ante una ley novedosa, que se introdujo en la legislatura que concluyó en el 2015, concretamente en junio de ese año. Se aprobó porque fue una imposición a nivel europeo. Esta norma existe en Francia, Alemania, Italia, países nórdicos, etcétera, así como fuera de Europa. Estados Unidos fueron los pioneros. Se trata de la ley de Segunda Oportunidad o Reestructuración de Deuda. El segundo factor es que esta norma se desconoce. Además, no se la cree.

-¿Con qué rompe esta ley?

-Dando clases en la universidad se lo explicaba a los alumnos y se sorprendían. Es un sistema que rompe todo lo que ha sido el sistema civil de deudas. Rompe con todo el sistema de responsabilidad universal que fijaba el derecho civil en España. Los profesionales no la conocen y el que la conoce no sabe cómo funciona. Lo que hace falta es darla a conocer. Para ello se están celebrando jornadas y se trata de publicitar. La ley de Segunda Oportunidad es una norma que va a calar en la gente.

-¿Puede poner un caso ilustrativo?

-Por supuesto. El tema de las cláusulas suelo. Hace 5 años no lo sabía nadie y todo el mundo tiene prácticamente una cláusula suelo en su hipoteca.

-¿A quién va dirigida esta norma?

-Sobre todo, a la persona de a pie. Al deudor de buena fe. Está pensada para las personas a las que les han ido mal las cosas. Al empresario que ha puesto sus propiedades como garantía, se le ha venido el negocio abajo y, después de estar 40 años trabajando, se queda sin empresa, que ya es grave, sin modo de vida, y encima se queda sin casa.

-¿Ha dictado recientemente algún auto de este tipo en Córdoba?

-Sí. Una pareja de jubilados pidió una segunda oportunidad. La señora tiene una discapacidad, tiene que tener el cuidado de su marido, tienen una pensión modesta y su vivienda habitual. Otro caso es el de una pareja que tenía su pequeño negocio y todas las deudas que se iban generando en el negocio las iban avalando con su patrimonio personal. Ambos solicitan la segunda oportunidad, se les tramita todo el proceso, se liquida el patrimonio. Una ley del 2013 establecía una moratoria para los desahucios de personas con especial vulnerabilidad, que dura 7 años (hasta el 2020). El procedimiento concursal también se aplica en este tipo de casos. También se puede optar a un alquiler social llegando a un acuerdo con el banco.

-¿Hay muchos casos de este tipo en Córdoba?

-Seguro que los hay, pero que pasen por el juzgado, muy pocos. Es cierto que está comenzando a arrancar. En este sentido, el sistema debe ser más eficaz. El administrador concursal no quiere aceptar este tipo de concursos porque no le es rentable, por lo que hay que darle una solución legislativa. En la fase previa tampoco están aceptando. Lo están haciendo algunos notarios con buena fe y solventan el problema de esa forma, pero yo aquí no tengo esa posibilidad. Yo no puedo nombrar un administrador concursal. Necesito una persona de fuera y, si nadie quiere, le sanciono y lo expulso de la lista para este y cualquier otro tipo de concursos. Para este tipo de concursos, si no tenemos un administrador concursal, el concurso no avanza. Por tanto, el mecanismo judicial tiene que ser eficaz. Legalmente funciona, pero este tipo de cosas lo que hace es sesgar un desarrollo fluido del proceso. Lo que se podía haber terminado en tres meses y medio dura un año.

-¿Dejaría de ser insolvente el deudor?

-Una persona es insolvente porque no puede pagar sus deudas. Si tiene unas deudas, después de este proceso deja de deber. Entonces no se es insolvente, porque deja de tener deudas. La persona se queda sin nada para no deber nada a nadie y comenzar de cero.