La contratación temporal no es una realidad que se dé únicamente en la empresa privada. La subcontratación es una práctica habitual en las administraciones públicas que, según los sindicatos, habría que frenar con un código ético de conducta empresarial que obligue a cumplir como mínimo las exigencias de los convenios sectoriales. Según CCOO, «las administraciones no pueden seguir mirando a otro lado, los contratos públicos priman la oferta más barata y eso está haciendo que las empresas accedan a los contratos a costa de los trabajadores».
