Los expedientes que se acumulan en Gestión no son los únicos que preocupan a su nuevo responsable, Antonio Álvarez, al que también llaman la atención los que se ha encontrado en el sistema de arbitraje de consumo. Según los datos facilitados por el concejal, en junio de este año se ha topado con 196 expedientes, de los que el 66%, es decir, 130, provienen del 2018, y el resto, 66, se han iniciado este año. De las reclamaciones presentadas en la primera mitad de este ejercicio, ya se han resuelto 59, lo que, según Álvarez, indica que «el atasco no sube» pero para quitarlo «hay que dotar» el servicio de consumo de «más de personal». En el 2018 entraron en el sistema de arbitraje, que cuenta con solo dos trabajadores, 149 reclamaciones y se resolvieron 128, y este año prevé que «acabará igual».
Otro de los problemas que ha detectado Álvarez en relación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) es que «no se instruyen procedimientos sancionadores desde hace cinco o seis años por falta de personal», situación que también considera que hay que solucionar. El responsable de Gestión teme que todo se complique cuando entre en vigor en diciembre de este año el nuevo decreto de la Junta sobre hojas de reclamaciones, «que atribuye ya la competencia para presentarlas en la unidad territorial de consumo más próxima a tu domicilio, que es la del Ayuntamiento». «A diferencia de ahora», explica Álvarez, «que las podías presentar en la oficina de consumo del Ayuntamiento o de la Junta, se podrán llevar donde quieras, pero quien tiene que conocer de ellas al final es la OMIC, la municipal», lo que «va a producir un mayor número de reclamaciones, que, con el personal que hay, no se pueden atender». Además, piensa que «se van a incrementar las mediaciones y arbitrajes» porque «el solicitante puede decir en la hoja a qué sistema se acoge».
