El Congreso de los Diputados retoma esta semana el trabajo en dos de las leyes sociales que han sido cuestionadas por Vox durante las negociaciones de este partidos con el PP para la investidura en Andalucía: la ley contra la violencia de género y la que ahonda en los derechos del colectivo LGTBI.
La formación que preside Santiago Abascal defiende la derogación de este tipo de leyes porque considera que atribuye privilegios a una parte de la población --las mujeres y los homosexuales, respectivamente-- frente al resto y, durante las negociaciones con el PP en la comunidad autónoma, planteó a los de Pablo Casado que las eliminaran. Aunque esta petición no fue aceptada, puso en el debate político la ley de violencia machista que en septiembre de 2017 había sido objeto de un pacto de Estado. Además, el PP fue el centro de las críticas de otros partidos tras proponer a Vox ayudas para hombres que hayan sufrido violencia de género y por usar el término «violencia doméstica» en sus intervenciones.
De hecho, en un mitin en Melilla, el pasado 4 de enero, Casado explicó que el 25% de las víctimas en el ámbito doméstico «no son mujeres» sino «niños y ancianos, parejas homosexuales, o personas que sufren violencia en la empresa» en donde pueden tener también vínculos familiares o de cercanía y abogó por abordar este «drama humano y social y nacional con una perspectiva responsable». Con independencia de este discurso, las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley para aplicar las medidas urgentes del pacto contra la violencia de género, que esta semana se tratará en la Cámara, defienden la violencia machista como la que se ejerce «contra las mujeres y a sus derechos fundamentales por el hecho de serlo» y en los términos establecidos en tratados y convenios internacionales.
