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POLUCIÓN

Ultimátum de Bruselas a España por la contaminación

La Comisión Europea urge a nueve Estados miembros a presentar en una semana medidas para mejorar la calidad del aire. El comisario de medio ambiente, Karmenu Vella, amenaza con denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la UE si no actúan

 

Contaminación en Barcelona desde el hospital de Sant Joan de Deu, en julio del 2017. - DANNY CAMINAL

SILVIA MARTÍNEZ
30/01/2018

"Ha habido sugerencias positivas pero a primera vista no parecen suficientemente sustanciales para alterar el panorama general" y "sin medidas nuevas y efectivas en muchos casos los estándares de calidad de aire seguirán excediendo durante meses y años, incluso más allá de 2020". Para el comisario europeo de medioambiente, Karmenu Vella, los compromisos políticos ofrecidos por los nueve Estados miembros citados este martes en Bruselas para buscar soluciones al problema de la contaminación, incluida España, no son suficientes. De modo que o presentan nuevas propuestas la próxima semana o terminarán ante la justicia europea. 

Dicho de otra forma, a la Comisión Europea se le ha terminado la paciencia. Los plazos para respetar y cumplir con la legislación europea que fija umbrales máximos en las emisiones de dióxido de nitrógeno y de partículas PM10 hace tiempo que se superaron. "Algunos dicen que hemos esperado demasiado tiempo. No podemos esperar más y se lo he dejado claro a los ministros", ha avisado Vella tras el encuentro con representantes de la República checa, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

Estos nueve Estados miembros, los peores alumnos de la UE en el tema de la calidad del aire, tienen hasta la próxima semana para presentar propuestas nuevas. "Ante el fracaso prolongado, urjo a todos los Estados miembros a que afronten este problema con la urgencia que requiere", ha reclamado. Si no responden al llamamiento de Bruselas, el siguiente paso será una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE que podría terminar en multas.

"La inacción tiene consecuencias para los ciudadanos y para el aire contaminado que respiran. También tiene consecuencias legales. A los ministros se les han recordado estas responsabilidades y las consecuencias legales", ha explicado el comisario maltés. Cada año más de 400.000 personas mueren de forma prematura en la Unión Europea y millones sufren problemas respiratorios y cardiovasculares debido a problemas vinculados a la contaminación del aire.

 

Madrid y Barcelona, en el foco
Un problema del que no está exenta España que se enfrenta actualmente a dos procedimientos de infracción por incumplir los límites de dióxido de nitrógeno y también el de las partículas PM, que generan según las estimaciones de la Agencia Europea del Medio ambiente unas 30.000 muertes prematuras por año. El Gobierno de Mariano Rajoy se defiende e insiste en que, en el caso de España, no se trata de "un problema generalizado" porque afecta solo a "determinadas zonas geográficas bien acotadas", ha justificado la representante enviada por el Gobierno a la reunión en sustitución de la ministra Isabel García Tejerina, la secretaria de estado de medio ambiente, María García.

Según ha explicado, desde el año 2010, España ha pasado de incumplir los niveles máximos en ocho zonas a cinco (datos de 2016) lo que significa "una mejoría". Concretamente, en el caso de las partículas finas PM10 los umbrales máximos se superan en dos zonas muy concretas, en Avilés (Asturias) y en Villanueva del Arzobispo (Andalucía). En el caso del dióxido de nitrógeno, los problemas, según la secretaria de Estado, se circunscriben a Madrid y a varias zonas del área metropolitana de Barcelona. Entre las áreas problemáticas, la Comisión sitúa a varias aglomeraciones en Andalucía, el centro de Asturias, Gijón, Barcelona y el Vallès-Bajo Llobregat en las que se habría superado de forma sistemática los niveles de PM10 desde 2005 al menos hasta 2012. 

La secretaria de Estado también ha recordado que el Gobierno ya adoptó en diciembre un plan del Aire 2 que integra 52 medidas por valor de más de 270 millones de euros y que incluye ayudas a vehículos limpios, eficiencia energética en edificios, transporte ferroviario, etc. Y ha explicado que remitirán a Bruselas “todo el material” ya disponible sobre las medidas adoptadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. “Organizaremos otra reunión y solicitaremos contactos bilaterales para compartir con la Comisión las medidas que se están adoptando y con qué resultados para evaluarlas y ver si son suficientes”, ha explicado.