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TRAS LA CONDENA DE CASSANDRA

Del Twitter a la cárcel

La reforzada protección penal de las víctimas prevé hasta 3 años de cárcel por mofarse en Twitter / "Es el mayor ataque a la libertad de expresión de la democracia", resume sobre la pena un catedrático

 

La tuitera murciana Cassandra, este miércoles, durante el juicio en la Audiencia Nacional. - EFE / BALLESTEROS

ÁNGELES VÁZQUEZ
30/03/2017

La respuesta a la pregunta de si un chiste sobre el presidente el Gobierno durante la dictadura franquista Luis Carrero Blanco puede conllevar cárcel es sencilla: quizá uno solo no, pero si publicas alrededor de una decena en Twitter, lo más probable es que acabes en la Audiencia Nacional. Lo prueban las recientes condenas a tuiteros por delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas, a las que ayer se sumó la dictada contra la murciana Cassandra, que ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre la restricción a la libertad de expresión que se está experimentando.

"Estamos viviendo el ataque más importante a la libertad de expresión de la democracia", resume el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III Javier Álvarez, promotor del manifiesto firmado por casi 300 profesores de esta disciplina de toda España contra la persecución de estas conductas.

Cuesta trabajo entender que publicar 12 tuits en varios años en las redes sociales pueda suponer una condena de un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta como la impuesta a la joven natural de Águilas, que no entrará en la cárcel, aunque la pena constará en su expediente. Esto, probablemente, le plantee más problemas, por ejemplo, a la hora de optar a ofertas públicas de empleo.

 

APOYO EN LAS REDES
 

La sentencia de la Audiencia Nacional fue contestada con la publicación de chistes sobre Carrero Blanco, asesinado por ETA durante la dictadura, por parte del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el de Podemos, Pablo Iglesias, que, como el catedrático de la Universidad de Barcelona Joan Queralt, distinguen "entre un tiranicidio y una víctima terrorista". Ambos políticos no tienen que preocuparse, porque un solo tuit no suele conducirte a la Audiencia Nacional. Aunque tampoco hacen falta muchos. En el caso de Cassandra fueron 12 y en el del líder de Def con Dos, César Montaña, Strawberry, ocho.

El caso del cantante es paradigmático, porque fue absuelto por la Audiencia Nacional y luego condenado por el Tribunal Supremo. Este tribunal estableció que la intención del autor del comentario es indiferente, porque la víctima del terrorismo a la que el artículo 578 del Código Penal "sobreprotege", según Queralt, recibe el tuit sin "un informe pericial" que le aclare que esa mofa se debe a una transgresión artística de quien lo escribe.

Y los tuits se persiguen aunque la víctima directamente aludida no se sienta ofendida, como manifestó la nieta de Carrero Blanco o dejaron claro, por un lado, Irene Villa, cuando el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata fue juzgado por un chiste sobre ella y las niñas de Alcàsser, y, por otro, el diputado socialista Eduardo Madina, citado por Strawberry.

 

OPERACIÓN ARAÑA Y PENAS MÁS GRAVES
Álvarez sitúa en "el 2010 o el 2011" el momento en que se empezaron a perseguir comentarios en Twitter que unos años antes estaban en boca de todos en forma de chistes de mal gusto. "Los de Carrero se dejaron de contar, porque ya aburrían", recuerda. Queralt explica que el enaltecimiento se incluyó en el 2000 en el Código Penal para combatir las amenazas directas que realizaba entonces el entorno de ETA.

Pero desde entonces la situación ha cambiado tanto que la banda terrorista ha dejado de matar y la mayoría de enaltecimientos que se persiguen en la Audiencia Nacional y trascienden -muchos por terrorismo yihadista-, son de tuiteros. Aunque hay algunas denuncias de asociaciones de víctimas, la mayoría de las causas parten de la "actuación prospectiva" de la Guardia Civil, que, tras rastrear organizaciones terroristas y su entorno en redes sociales, desarrolló la operación Araña. En sus cuatro fases detuvo a más de 60 personas; una era Strawberry.

Además, el PP, con su mayoría absoluta, reformó el Código Penal y agravó las penas tanto del delito de enaltecimiento y humillación a las víctimas como del de odio. Para estos últimos se retiró el requisito previo de incitar a la violencia y en el de enaltecimiento, la reforma se incorporó al pacto entre PP y PSOE para dotar al Estado de más armas contra el terrorismo yihadista. Supuso que, si la alabanza u ofensa se realiza a través de las redes sociales, la pena prevista de entre uno y tres años de cárcel se imponga en su abanico superior (de dos a tres). Cuando el comentario puede derivar en una acción violenta se puede castigar con hasta cuatro años y medio de cárcel.

 

LA INICIATIVA DE PODEMOS
Ese endurecimiento "crea una indeterminación" que permite la persecución de cualquier comentario, apunta Álvarez. Queralt insiste en que estos delitos han quedado "tan abiertos que cada uno defiende a los suyos, lo que demuestra que hay que derogarlos", una medida solicitada sin éxito por el líder de Podemos esta misma semana. Aunque ha logrado que el PSOE -que junto a PP y C's considera "imprescindible" mantener el tipo penal- haya admitido que quizá "hay que ajustarlo", si se utiliza para condenar actitudes que "nada tienen que ver" con el enaltecimiento.

La secretaria general adjunta del grupo socialista en el Congreso, Isabel Rodríguez, recordó que cuando se incluyó en el Código Penal no existían las redes sociales y anunció que su grupo reflexionará ante el problema tras estudiar "con rigor" la sentencia de Cassandra, informa Patricia Martín.

DIVISIÓN IDEOLÓGICA
Desde la fiscalía, muy criticada por ejercer la acusación en estos casos, se sostiene que se debe "separar la ideología de este tipo de delitos". En su opinión, los mismos que critican la condena de Cassandra se llevan las manos a la cabeza porque no se actúa contra el autobús tránsfobo de Hazte Oír, paralizado en varias ciudades españolas por promover la discriminación sexista, o por los exabruptos que podrían constituir delitos de odio que inundaron las redes sociales tras la muerte de la modelo Bimba Bosé.

Queralt sentencia que "no existe el delito verbal", por lo que, a su juicio, es "un disparate" la persecución de cualquier comentario, "guste o no", que no se traslade a hechos.

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