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Editoriales

Más control en las carreteras convencionales

 

22/08/2018

La constatación de que el riesgo de morir en un accidente de tráfico en una carretera convencional es superior al triple que si se circula por una autopista o una autovía es razón suficiente para poner en marcha una ofensiva para reducir los accidentes en este tipo de vías, como planea la Dirección General de Tráfico (DGT). Y más cuando arrastramos cuatro años con un aumento de la siniestralidad y los datos indican que en la última década en esta red se han producido 8 de cada 10 víctimas mortales. Solo en el año pasado, 1.103 muertes, frente a 223 en autovías y 85 en las autopistas de peaje. Ante estos datos, la DGT estudia poner en marcha un paquete de medidas que incluiría establecer un mayor control en estas vías, incrementar el número de agentes de tráfico, instalar más radares, bajar los límites de velocidad máxima permitida y mejorar las infraestructuras. Un factor importante que ha llevado a los conductores a pisar el acelerador ha sido la disminución de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Pere Navarro constata que ha perdido mil agentes. Se ha bajado de 9.800 a 8.800. No será fácil recuperarlos. Sale más barato colocar nuevos radares y conseguir que los ya instalados funcionen a pleno rendimiento. Las cifras animan y obligan a una decidida actuación de Tráfico, aunque algunas de las iniciativas barajadas ahora ya fueron polémicas en su día y, seguramente por ello, descartadas por el anterior Gobierno del Partido Popular. Entre ellas, la reducción del límite de velocidad de 100 a 90 km/h en las carreteras convencionales, algo que el director general de Tráfico, Pere Navarro, ya había previsto en el 2012, cuando finalizó su primera etapa en el cargo. La controversia vuelve a estar servida y no faltarán la denuncias de que es el mal estado de las carreteras la principal causa de los accidentes y de que la proliferación de radares solo tiene un objetivo recaudatorio. Pero para evitar la pérdida de vidas no hay excusas y resultaría irresponsable que los dirigentes políticos, las asociaciones de usuarios y los conductores se pusieran de perfil. Al final, lo único que debería contar es que disminuya la estadística de fallecidos en la carretera. Sin embargo, la Administración está obligada a dedicar más recursos para mejorar a fondo una red de carreteras convencionales que se ha ido deteriorando con los años y, particularmente, durante el periodo de crisis. Un estudio de la Asociación Española de Carreteras calcula que se necesitarían 900 millones de euros anuales para mejorar en un plazo de ocho años este tipo de vías. La inversión es de peso, pero es imprescindible que sea uno de los pilares de los planes de Tráfico, por seguridad viaria y para sumar razones y apoyos al resto de medidas que plantee.

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