En estos momentos de descontento social, todos los poderes se cuestionan y todas las instituciones suscitan la desconfianza de los ciudadanos, pero, a pesar de ello, hay una a la que todo el mundo recurre, y para todo. Criticado o no, el poder judicial se está viendo obligado a intervenir en muchos asuntos que quizá deberían resolverse desde la administración o desde la política, caso del conflicto catalán, que creció disparatado hasta que no hubo más remedio que llevarlo a los tribunales. Ahora, en Córdoba, la aplicación por parte municipal del dictamen de la Comisión por la Memoria Histórica sobre la eliminación de nombres de calles consideradas franquistas acaba también en los tribunales por el nombre de Cañero. Más trabajo para los jueces.
