Preside la Fundación Guadalquivir Futuro, que está inmersa en un procedimiento judicial por supuesto uso fraudulento de subvenciones públicas, y a la que la Diputación ha abierto expediente para exigirle la devolución de una ayuda de 40.000 euros que le otorgó en abril del 2016 y de la que no ha aportado la documentación que justifique la realización completa de la actividad.
