El Congreso convalidará este jueves el cuestionado real decreto con el que el Ejecutivo puso en marcha en agosto las primeras medidas de calado recogidas en el pacto de Estado contra la violencia machista, aprobado en la Cámara baja hace casi un año. PP y Ciudadanos, así como así como algunas asociaciones de jueces, abogados o psicólogos, alzaron la voz para cuestionar que el Ejecutivo aprobara por un procedimiento de urgencia, en plenas vacaciones, y sin el suficiente "debate", la modificación de la ley integral contra esta lacra o el Código Civil. El Gobierno ha logrado acallar el malestar aceptando que el decreto se tramite como proyecto de ley, para que los grupos puedan incorporar sus discrepancias, si alcanzan la mayoría suficiente.
Las medidas más cuestionadas, además del debate formal sobre la utilización de un real decreto-ley, son dos: que las víctimas puedan acceder a las ayudas sin denuncia previa, con un informe habilitante del fiscal o los servicios sociales, y que los hijos de los maltratadores puedan recibir ayuda psicológica sin autorización paterna. Además, partidos independentistas como ERC han mostrado sus reticiencias a que se devuelva las competencias en esta materia a los ayuntamientos sin contar con la Generalitat.
Pero finalmente todos los grupos han adelantado su intención de votar a favor, para no romper el consenso alcanzado en las Cortes hace un año en esta materia. Ha sido determinante que el Ejecutivo haya aceptado tramitar el decreto como proyecto legal, lo que supondrá que se modificarán medidas que ya están en vigor desde que a principios de agosto se publicaron en el BOE, si es que en el Congreso se alcanza el consenso suficiente para retocarlas.
