El Gobierno y CCOO y UGT aceleran en las negociaciones para derogar los principales aspectos de las reformas laborales del PP, que entraron en vigor en el 2012 y que fueron una de las señas de identidad de su mandato. En una reunión de la Mesa de Diálogo Social mantenida ayer miércoles el Gobierno se comprometió a reformar por la vía del real decreto el concepto de la ultraactividad y la obligatoriedad del registro de jornada, según han confirmado tanto fuentes del Ministerio de Trabajo como de los sindicatos.
Las centrales de trabajadores han vendido los pactos de la que posiblemente acabe siendo la última reunión a tres bandas del año como un acuerdo. Por su parte, el Gobierno rebaja la contundencia sindical y reitera que las mesas de diálogo social "siguen trabajando" para poder acabar sumando al acuerdo a las patronales.
Fuentes sindicales reconocen que no existe documento alguno que rubrique el compromiso del Gobierno de derogar dichos aspectos de la reforma laboral sin el apoyo explícito de la CEOE y amenazan con movilizaciones en las calles si dichas promesas no se acaban materializando. Así lo ha expresado públicamente la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, en una rueda de prensa este jueves.
No obstante, cuente o no con el apoyo de última hora del tándem CEOE y Cepyme, el Gobierno está dispuesto a aprobar entre este final del 2018 o el mes de enero del 2019 la vuelta a la ultraactividad de los convenios. Este aspecto refuerza la negociación colectiva, ya que permite que una vez vence un convenio, la empresa no pueda aplicar unilateralmente el acuerdo laboral sectorial sin renegociar con los sindicatos. Fuentes sindicales han trasladado que el borrador final de la reforma de la ultraactividad reubica la legislación en la misma situación que antes de la reforma del 2012.
Otro de los aspectos que cuentan con claro rechazo patronal pero que el Gobierno, apoyado por los sindicatos, está dispuesto a implementar es la obligatoriedad del registro de la jornada laboral. Ello pretende frenar el exceso de horas extras y el impago de algunas de ellas.
La patronal ha manifestado públicamente que no está en contra del concepto, pero sí de combatirlo por la vía de las sanciones y la obligatoriedad. La catalana Pimec es una de las que se ha manifestado contraria por lo que supondría de mayores obligaciones para las pequeñas y medianas empresas.
Pese a ello, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado este jueves durante un desayuno de prensa que el Gobierno regulará independientemente del rechazo de la patronal y "por coherencia" la implantación del registro de jornada en las empresas.
El tercer aspecto que tiene muchos números para aprobarse oficialmente o bien en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre, celebrado en una previsiblemente agitada Barcelona, o bien en el siguiente, es la renovación de las ayudas para parados de larga duración que actualmente no cuentan con ninguna otra prestación.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han trasladado que entienden que el problema sigue estando muy presente pese a la recuperación parcial del mercado laboral y consideran prioritario mantener la vigencia del conocido como Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). El calendario apremia al Ejecutivo en este sentido, puesto que el actual decreto que mantiene vigente la medida vence el próximo 4 de enero.
La 'Via Juvenil'
El Gobierno pretende seguir tanto en los aspectos anteriormente enumerados como en otros -vuelta a la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa o la reforma de las condiciones de subcontratación- la estrategia bajo la que se aprobó recientemente el Plan de Choque por el Empleo Joven. Esta medida no contaba inicialmente con la aprobación de CEOE y Cepyme y, pese a ello, el Gobierno decidió tirarla adelante.
El presidente Pedro Sánchez la anunció en televisión el miércoles 5 de diciembre para aprobarla en el Consejo de Ministros del viernes 7 de diciembre y el jueves la patronal emitió un comunicado conjunto con los sindicatos apoyando la medida.
Otra de las iniciativas que el Gobierno tiene consensuadas con los sindicatos pero que no cuentan con el beneplácito de las patronales es volver a bajar los subsidios a los parados mayores. Actualmente el límite de acceso son los 55 años y el proyecto es rebajarlo a los 52 años. El Gobierno ya anunció que implementaría dicha reforma con o sin nuevos presupuestos y que calcula que beneficiaría a a 114.000 personas más, que se sumarían a los 250.000 actuales beneficiarios. Ello supondría un coste anual para las arcas públicas de 330 millones de euros.
La patronal se opone a dicha medida alegando principalmente dos motivos. Por un lado, el elevado coste que ello acarrearía al erario público y, por el otro, por la falta de medidas de acompañamiento para la reinserción laboral de dicho colectivo que echan en falta dentro de los últimos borradores facilitados por el Gobierno.
