La Gerencia de Urbanismo recurrirá la sentencia del TSJA que la obliga a pagar 3,7 millones de euros más intereses a uno de los propietarios de terrenos expropiados para la construcción, por parte de la Junta, de la ronda Oeste. El consejo rector ha tomado conocimiento de la sentencia que estima parcialmente el recurso interpuesto por Nicolás Moya, copropietario de los terrenos, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones, órgano que depende de la Junta. Durante el consejo rector de Urbanismo, todos los grupos se han mostrado a favor de recurrir al Tribunal Supremo, excepto el PP, que se ha abstenido al considerar que antes de tomar esa decisión hace falta un informe jurídico que determine la viabilidad del recurso, ya que solo existe un documento de la asesoría jurídica que invita a los consejeros a solicitarle otro más específico.
Como ya adelantó este periódico, la historia se remonta a 1999, cuando el Pleno acordó expropiar los terrenos necesarios para la construcción de la ronda Oeste, que estaban a nombre de Nicolás y de su hermano Juan Francisco Moya, y que superaban los 10.237 metros cuadrados. En un principio, Urbanismo fijó aquella expropiación en 803.080 euros y aplicó el sistema de tasación conjunta. Nicolás Moya, por su parte, aportó una tasación de Timsa que elevaba el dinero a abonar por Urbanismo a 12,5 millones. Por su parte, en el 2008, la Comisión Provincial de Valoraciones fijó la cantidad en 3,5 millones. Tanto Moya como el Ayuntamiento recurrieron en el juzgado y en enero del 2012, el TSJA anuló el procedimiento al considerar que el sistema de tasación conjunta aplicado no se ajustaba a derecho. La Junta recurrió al Supremo y, en el 2014, el alto tribunal desestimó la petición, por lo que hubo que empezar todo de nuevo.
En el 2015, Urbanismo inició de nuevo el procedimiento, esta vez tramitando la tasación individualizada. En este caso valoró el suelo en 917.044 euros, mientras que Nicolás Moya, propietario de la mitad, lo cifró en 7,5 millones. La Comisión Provincial de Valoraciones determinó la cantidad de 1,1 millones, cifra que aceptó Urbanismo en el 2017 y la junta de gobierno local. Uno de los dos copropietarios aceptó la valoración -e incluso recibió su parte- pero el otro la recurrió y exigió 7,5 millones. El TSJA estima ahora parte de la demanda de Moya y fija en 3,7 millones, más los intereses, el dinero que debe pagar Urbanismo por la expropiación.
La asesoría jurídica del Ayuntamiento emitió un informe sobre la posibilidad de recurrir o no ante el Supremo en el que expone las dificultades de que el alto tribunal admita a trámite el recurso de casación. La asesoría jurídica se muestra disconforme con los razonamientos de la sentencia pero reconocía que hay aspectos en la misma que no son recurribles en casación. La asesoría sí considera recurrible la tasación realizada, aunque avisa del riesgo de que el Supremo, si revoca la sentencia, ordene dictar otra que atienda las valoraciones efectuadas por los peritos judiciales (4,2 y 5,5 millones) y, como consecuencia de ello, Urbanismo tenga que pagar más. Urbanismo tiene claro que hay que recurrir el fallo "si existen posibilidades de velar por los intereses públicos".
Por otro lado, el consejo rector se ha mostrado a favor de levantar el reparo formulado por Intervención y abonar las facturas que Urbanismo debe a Endesa del año pasado por valor de 41.349 euros. Endesa advirtió a Urbanismo que si no abonaba esas facturas cortará la luz a partir del 15 de marzo. Urbanismo asegura que ese corte no se producirá. Ciudadanos y PP se han abstenido en este punto. Durante el consejo, Ganemos, que considera un "disparate la presión de Intervención", pidió que se aproveche para "elaborar un pliego para contratar a empresas cien por cien renovables". A pesar del paso dado, el Pleno deberá levantar el reparo de Intervención.
