Quince años después de inaugurarse el primer tramo de la Ronda de Poniente, aún siguen coleando los problemas con las expropiaciones de los terrenos que fueron necesarios para su contrucción. El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo tomará conocimiento mañana de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al organismo autónomo a abonar más de 3,7 millones de euros, a los que hay que sumar los intereses legales, a uno de los propietarios del suelo después de haber procedido a una nueva valoración. Los miembros del Consejo deberán analizar mañana si solicitan a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba que estudie la viabilidad, y en su caso la interposición, de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) al considerar que «la valoración efectuada jurisdiccionalmente es contraria a derecho y muy lesiva para los intereses de la Corporación», según afirma el letrado asesor del Ayuntamiento en su escrito.

Sea como sea, dicho escrito reconoce que existe «el riesgo» de que si se presenta dicho recurso de casación, el TS «ordene dictar una nueva sentencia atendiendo a las valoraciones efectuadas por el perito judicial», que superaron los 5,5 millones de euros.

Los trámites para la expropiación de los terrenos comenzaron en septiembre del año 1999 y dentro de dicho suelo se encontraba una franja enclavada en la finca inscrita a nombre de Nicolás y Juan Francisco Moya.

Entonces, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo fijaron en 803.080 euros el coste de la citada finca, cuya superficie fue ampliada en la expropiación respecto a lo que se había previsto en un principio. Nicolás Moya presentó escrito de alegaciones y planteó una cuantía de 12,5 millones por los terrenos, cantidad que la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba redujo a 3,56 millones en el año 2008. Disconformes tanto el interesado como el Ayuntamiento, ambas partes impugnaron la resolución de dicha Comisión y se inició un nuevo procedimiento de tasación individualizada. Fue en ese momento cuando la Comisión Provincial fijó el justiprecio en 1,1 millones de euros, cifra aceptada en el año 2017 tanto por Urbanismo como por Juan Francisco Moya, pero no así por el otro titular del suelo, que reclamaba 7,56 millones de euros. Ahora, la sentencia estima parcialmente la demanda y fija el justiprecio de la totalidad del suelo expropiado en 3,7 millones.