El PSOE ha denunciado esta mañana el retraso que lleva la concesión de los fondos Edusi. Tres ayuntamientos de la provincia, Montilla, Baena y Puente Genil continúan a la espera de que el Ministerio de Hacienda dé a conocer si podrán disponer de los 5 millones solicitados por cada uno para distintos proyectos de desarrollo sostenible o no, ya que aún no se saben los resultados de la tercera convocatoria. La diputada socialista María Jesús Serrano, acompañada por los alcaldes de Baena, Jesús Rojano, de Montilla, Rafael Llamas, y por la concejala de Desarrollo Económico y Hacienda de Puente Genil, Verónica Morillo, ha explicado la situación de estos fondos europeos que tienen como fecha de caducidad el 2020.

Serrano ha señalado que el proceso comenzó en el 2014 y el Ministerio de Hacienda decidió dividir el programa en tres convocatorias. La primera fue en el 2015, que estaba dotada de 344 millones pero se otorgaron 240 millones, quedando un remanente de 103 millones. En ese primer paquete resultó beneficiario el Ayuntamiento de Córdoba, que contará con 15 millones de euros y que está en el proceso de selección de proyectos. En una segunda etapa, que fue en el 2016, Hacienda iba a repartir 103 millones y concedió 104. Los municipios que se beneficiaron fueron Priego, Lucena y Palma. Por último, la tercera convocatoria fue en el 2017, “y aún no se ha resuelto”, según Serrano. Esa convocatoria está dotada con 189 millones. La orden de esa tercera convocatoria se publicó el 21 de septiembre del 2017 y tenía un plazo de seis meses que expiró el 21 de marzo del 2018.

Serrano se ha reunido esta mañana con los representantes de los municipios que están a la espera de estos fondos europeos, ya que consideran “insostenible la gestión que está haciendo el Gobierno de España” de los mismos porque, según critica Serrano, “no es posible invertir esos recursos ni generar empleo”. A esto se unen las dificultades que tendrán los ayuntamientos para ejecutar los proyectos al quedar ya solo un par de años para ello. El PSOE teme que, si no da tiempo, “echen la culpa a los ayuntamientos”, y haya una penalización por parte de la Unión Europea. Por ello, exige al Gobierno que de forma urgente resuelva la tercera convocatoria, así como la existente para municipios menores de 20.000 habitantes para reducir las emisiones de CO2.