Inmaculada Montero paga un alquiler social de 127 euros por vivir en su propia casa. Esta mujer, separada y madre de una chica de 22 años, se encontró en el año 2008 con que no podía pagar la hipoteca de su piso, ubicado en la zona de Carlos III, que ascendía a unos 700 euros al mes. Logró que el banco le concediera una carencia de cuatro años que le hizo descender la cuota a 300 euros, pero pasado ese tiempo, en el 2012, no le quedó más salida que firmar la dación en pago, por lo que entregó su casa a la entidad y quedó libre de cargas. Su economía en ese momento solo le permitió alquilar un piso de 450 euros al mes, también ubicado por la zona, pero al fallecer la propietaria los herederos optaron por ponerlo a la venta e Inmaculada tuvo que dejarlo. Tras sopesar diversas opciones, «opté por meterme en mi propia casa, que estaba cerrada desde que se la quedó el banco», recuerda Inmaculada. Esa situación de irregularidad se prolongó durante unos seis meses, hasta que logró que la entidad le aprobara un alquiler social del que aún disfruta en la actualidad, algo que se le concedió por tres años. Ya ha pasado uno, por lo que esta mujer mira al futuro con incertidumbre.
Sus únicos ingresos son los 400 euros que recibe de ayuda y el sueldo por contratos que va firmando con la Diputación como limpiadora. «Estoy en la bolsa de trabajo y ahora me estoy preparando unas oposiciones», afirma Inmaculada, quien asegura que «siempre he luchado, y lo seguiré haciendo, por mantener mi vivienda».
