El Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba resolvió el año pasado un 42,4% de las 1.149 quejas y 4.500 consultas recibidas durante el 2019, reclamaciones que preferentemente se debieron al sector de las telecomunicaciones (33%), según ha expuesto esta mañana la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, en la presentación del balance de esta área.

Botella ha detallado los apartados que registran un mayor número de reclamaciones, además de las telecomunicaciones (33% del total); comercio (13%); servicios esenciales como luz, agua o gas (9,66%); servicios sanitarios (8%); sector de transporte (5%, sobre todo centrado en problemas con líneas aéreas) y vehículos (4%).

La delegada de Salud ha precisado que las 1.149 quejas contabilizadas por Consumo de la Junta en Córdoba en el 2019 supusieron un 38% menos que las que hubo el año anterior, fundamentalmente debido a que en el 2018 hubo un repunte de reclamaciones debido al caso Idental. También hizo referencia la delegada a que se ha apreciado una disminución en las quejas en el sector de servicios esenciales, debido a la prohibición que entró en vigor de poder vender en los domicilios contratos para disponer de suministros básicos, como por ejemplo el consumo eléctrico.

El servicio de inspección de Consumo de la Junta en Córdoba llevó a cabo durante el pasado año 18 campañas, para supervisar el control de alimentos, productos industriales, de puericultura o seguridad del etiquetado, en 1.580 establecimientos de Córdoba y como resultado se levantaron 2.209 actas y se detectaron un 8% de irregularidades en todas estas inspecciones, que pasaron al correspondiente expediente sancionador o a la emisión de la preceptiva alerta en algunos casos. Botella recalcó que, dentro de estas campañas, se localizan y se retiran productos que pueden suponer principalmente riesgo de asfixia, intoxicación, quemaduras o descargas eléctricas.

María Jesús Botella ha recordado que durante el 2019 la Delegación de Salud y Familias ha entregado a su vez subvenciones a asociaciones y ayuntamientos para velar por los derechos de los consumidores, en concreto 63.000 euros, que se han dirigido a Facua, UCE y Augusta, y algo más de 74.000 euros a la Diputación y varios ayuntamientos de la provincia.

La delegada resaltó que una de las principales novedades en materia de consumo ha sido la entrada en vigor del Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía. La normativa entró en vigor en diciembre e introduce novedades, como la creación de un procedimiento administrativo con causas claras de inadmisión, siendo competente para tramitar las quejas y reclamaciones el servicio público de consumo de inferior ámbito territorial o, en su defecto, la delegación de la consejería competente en materia de consumo, correspondiente al domicilio del consumidor».