El concejal de Gestión, Antonio Álvarez (Cs), firmó por fin ayer el contrato para el reparto de la correspondencia postal entre edificios municipales y administraciones, que se adjudicó a principios del mes de septiembre a Correos por un periodo de dos años, más tres anualidades prorrogables, y salió por un precio de licitación de 1,56 millones. Un recurso presentado por la empresa Rdpost, anterior adjudicataria del servicio y que quedó segunda en la nueva contratación (a la que se presentaron dos empresas más), y la finalización del anterior pliego han provocado que el Ayuntamiento de Córdoba haya estado sin servicio de mensajería desde mediados de septiembre hasta hoy, cuando se reanudará el servicio. Rdpost --que nació tras el ERE de Unipost-- reclama a la nueva adjudicataria (Correos) la subrogación de una veintena de trabajadores que hacían las labores de reparto, y cuestiona la nueva adjudicación por considerar la oferta de Correos «una baja temeraria». La condición de la subrogación se incluyó como un anexo en el pliego de contratación que licitó el Ayuntamiento el 21 de junio, pero fuentes municipales insisten en que solo se da cumplimiento con ello a la ley de contratos.

El Tribunal para la Resolución de Recursos Contractuales de Córdoba, encargado de dirimir en primera instancia la reclamación de Rdpost, decidió en septiembre (pero se oficializó ayer) que, mientras que resuelve el recurso, Correos asumiese el servicio de mensajería. No obstante, desde la Delegación de Gestión, liderada por Antonio Álvarez, se está preparado para cualquier escenario que resulte del fallo de este tribunal (incluida la repetición del proceso de adjudicación del servicio postal).

Por otro lado, los 17 trabajadores de Rdpost han registrado un escrito en el Ayuntamiento para pedir al equipo de gobierno que tome «las medidas necesarias» para que Correos los subrogue y han anunciado su presencia mañana en el salón de plenos, en la sesión ordinaria de octubre. En su escrito, los trabajadores argumentan que aunque Correos ha alegado que no está obligado a dicha subrogación por ser la sociedad estatal que tiene encomendados los servicios postales universales (cartas ordinarias y certificados), «no es menos cierto que el contrato de servicios postales del Ayuntamiento incluye también servicios como las notificaciones y la paquetería», por lo que, a su juicio, Correos --que, apuntan, ha tirado de su propia bolsa-- estaría obligada a subrogarlos.