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DICTAMEN DEL ÓRGANO DE LA JUNTA

El Consejo Consultivo declara nulos contratos del Ayuntamiento de Córdoba de los años 2018 y 2019

El órgano de la Junta considera que se tramitaron sin seguir los procedimientos correspondientes. El gobierno local deberá abonar las facturas anuladas sin el beneficio industrial

 

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, respecto al que el Consultivo declara nulos varios contratos. - A.J. GONZÁLEZ

Isabel Leña Isabel Leña
30/11/2020

El Consejo Consultivo de Andalucía ha declarado nulos contratos de suministro del Ayuntamiento de Córdoba de servicios prestados y facturados por más de una docena de empresas durante los años 2018 y 2019, antes del inicio del nuevo mandato, por no haber seguido los procedimientos correspondientes. El órgano dependiente de la Junta ha emitido un dictamen sobre el expediente remitido por el Ayuntamiento en este mandato, cuando decidió acudir al Consultivo para saber si esos contratos tenían validez. En noviembre del año pasado, tanto la interventora como el secretario se pronunciaron sobre la nulidad de facturas que ascendían a 215.704 euros, en las que, a juicio de ambos, se había prescindido "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Esas facturas abarcan desde servicios informáticos hasta mantenimiento de aires.

El Consejo Consultivo ratifica ahora esa postura y les da la razón a ambos tras analizar más de una docena de contratos realizados entre los días 19 de octubre del 2018 y 20 de marzo del 2019, cuyas facturas se presentaron entre el 4 de noviembre del 2018 y el 21 de marzo del 2019, según consta en el dictamen. El procedimiento se inició tras un informe de la Intervención general del Ayuntamiento, que formuló reparo suspensivo en relación con el reconocimiento de obligaciones correspondientes a gastos efectuados entre el 2018 y 2019 para los que se utilizaba la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos.

El Consejo Consultivo indica que a pesar de que la "administración está obligada a abonar las obras o servicios ejecutados aunque su contratación no haya sido válidamente gestada", evitando "un enriquecimiento injusto", el reconocimiento "de tal obligación pasa ineludiblemente por la previa tramitación de un procedimiento para la declaración de nulidad".

El dictamen señala que "las facturas en cuestión fueron objeto de fiscalización con resultado de disconformidad, dado que se constató que respondían a contrataciones con omisión de requisitos o trámites esenciales". Esa omisión, añade, "vendría confirmada por las propias alegaciones de las empresas afectadas", que "procedieron de buena fe en respuesta a los encargos del Ayuntamiento, que en algunos casos se plasmaron en correos electrónicos solicitando presupuesto".

Según el Consultivo, "el informe de la Intervención es certero al señalar que las facturas debieron estar acompañadas de la correspondiente resolución de autorización y compromiso de gasto, al ser de importe superior a 3.000 euros, siendo este trámite preceptivo". Es más, precisa que una de las facturas refleja un importe inferior a los 3.000 euros pero corresponde a la modificación de un contrato y no está precedida de la correspondiente tramitación.

El dictamen señala que, al igual de lo que ya dijo el secretario en su informe, "aunque la mayoría de las facturas corresponden a contrataciones inferiores a 15.000 euros", "ocho facturas se emiten por importe superior", por 17.257; seis "sin procedimiento", por valor de 17.641 euros, 18.065, 17.545, 18.029, 18.147 y 17.484 euros; y otra por 23.186. Por todo ello, concluye que la actuación administrativa incurre "en la causa de nulidad".

El Ayuntamiento está obligado a abonar las facturas pero excluyendo de las mismas el beneficio industrial al no ser los contratos válidos, aunque solo en algunos casos, en las que superan los 15.000 euros y en la de 2.188, al responder esta última a una modificación del contrato "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido". En el resto, el Consultivo estima las alegaciones de los contratistas, que argumentaron que "actuaron en respuesta a lo encargado por el área de Informática".

Las facturas no llegaron a ser abonadas, ya que el expediente extrajudicial no fue aprobado al considerarse nulas. Por ello, se acordó iniciar el expediente de revisión de oficio y pedir el dictamen del Consultivo. Tras el dictamen, el Ayuntamiento ha de adoptar el acuerdo de declarar nulas las facturas. Además, el gobierno local debe aprobar el pago sin el beneficio industrial de las consideradas nulas e íntegro de las que no lo son.  

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