La alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), negó ayer que existan fisuras dentro del equipo de gobierno por preparar una ordenanza para agilizar los trámites urbanísticos que sorprendió a Urbanismo, presidida por IU, que trabajaba en otra sobre declaraciones responsables. «Lo que vaya bien como gobierno municipal va a favorecer la actividad de todas las delegaciones y el trabajo de todos los delegados con responsabilidad en el equipo de gobierno», manifestó Ambrosio, que aseguró que se abrirá «un proceso de participación interno dentro del equipo de gobierno y externo con los agentes sociales», en el que aceptarán sugerencias al borrador presentado a CECO, que se reunirá el lunes para abordarlo. En este sentido, y según Ambrosio, en ese proceso deberán participar el Imdeec, Urbanismo y la asesoría jurídica. «Se trata de sumar esfuerzos», dijo, insistiendo en que «las competencias específicas en materia de actividad económica las tiene el gobierno municipal en su conjunto, no Urbanismo, ni siquiera el Imdeec».
Una de las novedades de la ordenanza, a la que ha tenido acceso este periódico, es que en las licencias de obras se permitirá que técnicos privados emitan un informe, al que después tendrán que dar el visto bueno -o no- los municipales, que, de esa manera solo tendrán que visarlo. Además, prevé silencio administrativo positivo a los tres meses desde la solicitud -excepto en obras de nueva planta-. El texto contempla un procedimiento exprés para proyectos de envergadura que supongan una gran inversión. Para ello habrá una licencia condicionada -a que se cumplan las condiciones exigidas a lo largo de la obra- y otra por comparecencia -previa a la obtención de los informes y siempre que el promotor renuncie a pedir indemnización si son desfavorables-.
La ordenanza pretende facilitar la comunicación entre promotor y técnicos de Urbanismo -que darán su correo-. La ordenanza no contempla procedimientos de cierre de actividad por interpretaciones diferentes de las normas. Antes de una sanción o paralización, habrá un requerimiento de adaptación con un plazo máximo de tres meses. La ordenanza distinguirá entre actividades que necesitan licencia, declaración responsable o comunicación previa. En general, la idea es poner en marcha una actividad en tres meses como mucho en gran parte de los supuestos.
