Alrededor de 3.000 viviendas que están en proceso de regularización con el desarrollo de sus planes parciales tendrán acceso en un plazo de dos años a los suministros básicos en base a una modificación excepcional de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) que se aprobará en el Pleno del Parlamento el próximo miércoles. La dotación de servicios es provisional, de forma que si en el plazo de dos años no culminara el proceso de regularización iniciado, se supone que se le retirarían los suministros, salvo que hubiera alguna modificación.

La vicesecretaria del PSOE en Córdoba, Dolores Amo; la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio y el parlamentario andaluz, Mario Jiménez, han mostrado hoy su satisfacción por "el resultado de un intenso trabajo" que ha llevado al Parlamento de Andalucía a "mirar a la ciudad de Córdoba para solventar un problema que viene sufriendo desde hace años y que ahora tendrá solución", ha destacado Ambrosio.

En cuanto a plazos concretos sobre cuándo serán una realidad los suministros, la alcaldesa no ha querido concretar. "Será lo antes posible", ha explicado, "ya que llevamos tiempo trabajando en el Higuerón o Villarrubia, por ejemplo, coordinadamente con la Empresa Municipal de Saneamientos y con la Gerencia de Urbanismo". En cuanto a las críticas del presidente de la Gerencia, Pedro García, sobre el plazo de dos años establecido, Ambrosio ha insistido en que "nos hubiera gustado llegar a más", pero "hemos querido demostrar que cuando se nos da la oportunidad, se saca rendimiento, ahora toca aprovechar y ser eficientes para llegar al máximo cumplimiento de la norma".

La alcaldesa ha insistido en su convencimiento de garantizar el acceso a los suministros (luz y agua) para casas que son primera vivienda de miles de familias, según ha recalcado, "aunque somos conscientes de que se trata solo de un primer paso". Ambrosio ha destacado que esta modificación normativa cuente con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza y que haya sido posible también con el impulso del Consejo del Movimiento Ciudadano y con el respaldo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Tanto Ambrosio como Jiménez han reiterado que "se ha ido al máximo, al límite de lo que permitía la ley" para dar respuesta a estas viviendas de Córdoba "aunque seguro que habrá otros territorios de Andalucía que se beneficiarán de este cambio normativo".