El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo, que establece que las compañías de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, transportes, servicios financieros y seguros deberán disponer de, al menos, una oficina de atención presencial en cada provincia. Además, deberán atender las incidencias durante 24 horas al día, los 365 días del año, y ofrecer una primera respuesta en no más de tres horas, al tiempo que estarán obligadas a ofrecer a sus clientes atención telefónica a través de un número gratuito. La nueva norma tiene similitudes con la ley estatal, aunque su área de actuación es más amplia al abarcar todos los aspectos de prevención, mediación, arbitraje, gestión de reclamaciones y servicios de atención al cliente en un único texto.
