Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Mordaza, en marzo del año 2015, el Estado ha recaudado en Córdoba por multas amparadas por esta norma un total de 5.565.324 euros, cuantía que corresponde a un total de 12.183 sanciones. Hay que tener en cuenta que las multas que aplica esta norma tienen cuantías que oscilan entre los 100 y los 30.000 euros, según la gravedad del caso. Desde aquella fecha, el año en el que más dinero se recaudó fue el 2017, cuando se tramitaron, según los datos que maneja el Ministerio del Interior, un total de 6.230 sanciones, que supusieron una cuantía total de 3.327.541 euros. En el año de la entrada en vigor de la norma (el 2015), la cuantía fue también bastante elevada pues sumó 1,3 millones de euros, cantidad superior a la registrada un año después, cuando se quedó en 933.763. En el 2015 se impusieron 749 multas más que en el 2016.

El articulado que compone esta norma se divide en tres grandes apartados, que se refieren a drogas, seguridad ciudadana propiamente dicha y armas y explosivos. De estos tres apartados, el que más sanciones ha generado en los tres años que lleva en vigor es el de los artículos del 36.16 al 36.19. De ellos, el primero es más recurrente y se refiere al consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello. De este tipo de acciones se han sancionado en total desde el año 2015 en la provincia con 5.493 hechos, que supusieron una cuantía económica de 2.695.059 euros. En este apartado hay otro epígrafe, que se refiere a la plantación o cultivo de drogas tóxicas. En los tres años de vigencia de la Ley se han registrado 28 casos, que han arrojado una cuantía de 20.702 euros.

El año 2017 fue el más fructífero en este sentido, pues del primero de estos casos se dieron 3.015 actuaciones que supusieron un importe total de 1,8 millones de euros. Del segundo caso solo se dieron 5 episodios, con 5.800 euros en sanciones.

Significativo es también el volumen de infracciones cometidas al artículo 36.10, que es el que se refiere a llevar, exhibir o usar armas prohibidas o el uso de armas de forma negligente o intimidatorio o fuera de los lugares propios de su uso, siempre que no lleguen a ser delito. En este caso los sucesos registrados en el trienio 2015-2017 ascienden a 2.308, que significaron una recaudación de 1.352.951 euros, siendo también el año 2017 el más productivo de los tres, con 1.157 casos y 695.357 euros cobrados.

Se complementa este artículo con el de la fabricación, reparación o almacenamiento, transporte, etcétera de armas reglamentarias, explosivos, material pirotécnicos y demás, incumpliendo la normativa de aplicación o careciendo de la documentación requeridas. De este supuesto (artículo 36.12) se han dado desde el año 2015 en Córdoba 126 casos, que han sumado una cuantía de 75.726 euros. De ellos, más de la mitad se contabilizaron en el año 2017, con 60 casos, que sumaron en total 36.060 euros, lo que indica que por cada hecho se multa con 601 euros.

En lo que se refiere a la seguridad ciudadana propiamente dicha, el bloque de sanciones que más actuaciones han requerido es el de las amparadas por el artículo 37.4, que se refiere a las faltas de respeto y consideración de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los sucesos contabilizados en este apartado desde el año 2015 ascienden a 1.666, que han supuesto unas multas con un montante total de 168.000 euros. En este caso, los años 2016, con 674 incidencias y 67.900 euros de recaudación, y el 2017, con 746 sucesos y 75.500 euros en sanciones, fueron los más intensos en esta materia.

Se completa este apartado con otro artículo que hace referencia expresamente a la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad, o aportar datos falsos o inexactos en una identificación. De este artículo (36.06) se han dado 986 vulneraciones en los tres últimos años, lo que ha traído acarreadas sanciones por un valor total de 592.984 euros. Más de la mitad de las mismas se registraron el año pasado, en el que se contabilizaron 523 incidentes, lo que acarreó la imposición de sanciones que suman 314.721 euros. Los desórdenes públicos supusieron 837 sanciones en tres años y 503.037 euros en multas.