Amnistía Internacional documenta como crimen de guerra el ataque mortal de Israel a una iglesia en Gaza

El 19 de octubre, un bombardeo israelí destruyó un edificio en el recinto de la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio, en el centro de la ciudad vieja de Gaza. Allí se refugiaban 450 miembros de la pequeña comunidad cristiana de la capital de la Franja. En el ataque murieron 18 civiles y 12 resultaron heridos. La víctima de más edad tenía 80 años; la más joven era un bebé de pocos meses de vida.

No hay indicios de que ese lugar santo fuera un objetivo militar legítimo, según el análisis pormenorizado de las pruebas (vídeos y testimonios) realizado por Amnistía Internacional. Es, por tanto, un acto que debe ser investigado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional, concluye esta ONG de derechos humanos. 

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llegaron a publicar en sus redes sociales un vídeo grabado por un dron en el que se veía el momento del ataque aéreo contra uno de los edificios dentro del recinto de la iglesia. “Aviones de combate de las FDI atacaron el centro de mando y control perteneciente a un terrorista de Hamás implicado en el lanzamiento de cohetes y morteros hacia Israel”, dijo el Tsahal (Ejército israelí), que no aportó indicio alguno de la presencia de ningún objetivo militar. Los ejércitos modernos disponen de equipos legales que dan el visto bueno a las operaciones. En el caso de Israel, esa tarea la debe llevar a cabo el departamento del Abogado General Militar. No fundamentaron los ataques. Poco después, borraron el vídeo de las redes. 

Pero Amnistía Internacional lo guardó y lo analizó para verificar su autenticidad. Lo geolocalizó para comprobar que correspondía al bombardeo de la iglesia. Hizo lo propio con las imágenes crudas de la matanza grabadas tras el bombardeo y subidas a las redes sociales. Habló con una docena de testigos. Visualizó imágenes de satélite antes y después del ataque. Uno de sus expertos en armamento determinó el tipo de munición usada contra una zona repleta de civiles: munición de gran calibre que impactó directamente en el edificio donde se refugiaban las personas fallecidas y heridas. 

“Incluso en el caso de que haya un objetivo militar, según el derecho internacional humanitario, se debe avisar primero a la población civil para que evacúe”, explica a este diario María Pastor, portavoz de Amnistía Internacional. 

Los responsables del templo habían avisado públicamente antes del ataque de que cientos de civiles, desplazados internos que huían de los bombardeos, se refugiaban allí. El Tsahal sabía de su presencia. “La decisión de las fuerzas armadas israelíes de seguir adelante con un ataque contra un recinto religioso conocido, donde había civiles desplazados, fue imprudente y, por tanto, es constitutivo de crimen de guerra, aun en el caso de que se creyera que había un objetivo militar en las proximidades”, argumentan.

El ataque a una vivienda repleta de civiles

Las organizaciones de derechos humanos y los abogados que llevan el caso contra Israel y Hamás en la Corte Penal Internacional se afanan desde hace semanas en documentar casos concretos de ataques en los que se ha violado la legislación internacional. Cada caso de crimen de guerra tiene que ser probado y contrastado con las leyes que determinan qué objetivos son legítimos y cuáles no. El Fiscal general de La Haya ha advertido a los abogados del Ejército israelí de que deberán justificar todos y cada uno de los ataques a zonas civiles: las viviendas, hospitales, colegios o panaderías son todos objetivos protegidos, salvo en casos concretos que hay que probar.

Amnistía Internacional ha analizado al detalle otra matanza que muestra, según la organización, que Israel ataca objetivos civiles sin distinción. Ocurrió el pasado 20 de octubre. Hacia las dos de la tarde, los cazabombarderos israelíes atacaron la vivienda de la familia Al Aydi, en el campo de refugiados de Al Nuseirat, en el centro de Gaza. Murieron 28 civiles, 12 de ellos niños. Entre otros, el padre y la madre, Rami y Ranin al Aydi, y los tres hijos de ambos: Ghina, de 10 años; Maya, de 8, e Iyad, de 6. 

La investigación ha concluido que todas las personas presentes en la casa de la familia Al Audi y en las dos casas cercanas eran civiles. Dos miembros de la familia Al Aydi tenían incluso permiso para trabajar en Israel, cuya expedición requiere rigurosos controles de seguridad por parte de las autoridades israelíes, tanto para quienes obtienen el permiso como para su familia extensa.

“Estábamos sentados en casa, estaba llena de gente, de niños y niñas, de familiares”, explica una de las supervivientes. “De repente, de forma inesperada, todo se derrumbó sobre nuestras cabezas. Todos mis hermanos murieron, mis sobrinos, mis sobrinas. Mi madre murió, mis hermanas murieron, nuestra casa ya no está”.

Un nivel no visto antes

“Primero analizamos los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos palestinos el 7 de octubre”, relata María Pastor. “Ahora estamos documentando crímenes de guerra en Gaza, como hicimos con la guerra de Ucrania. Pero, en este caso, el nivel de violencia, número y cariz de esos crímenes de guerra supera con creces los que hemos visto en otros conflictos modernos”.

Según la legislación internacional, las partes en conflictos armados deben distinguir en todo momento entre personas civiles o bienes de carácter civil, por un lado, y combatientes y objetivos militares, por otro. Los bombardeos directos contra personas o bienes civiles se consideran ataques indiscriminados y están prohibidos. Los ataques indiscriminados que maten o hieran a civiles constituyen crímenes de guerra. 

Amnistía Internacional no ha encontrado ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares donde se produjeron los dos ataques, el de la iglesia y el de la vivienda. Ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares, lo que hace temer que estos ataques fueron dirigidos contra personas civiles. 

Cuando Israel ataca un objetivo militar, alega Amnistía, está obligado a tomar todas las precauciones factibles para evitar, y en cualquier caso minimizar, causar muertes y heridas a personas civiles. Estas precauciones incluyen hacer todo lo posible para verificar que un objetivo es un objetivo militar; elegir medios y métodos de ataque que minimicen los daños civiles; evaluar si un ataque será desproporcionado; avisar de manera efectiva y con antelación cuando sea factible; y cancelar el ataque si resulta evidente que será ilegítimo. 

El derecho internacional humanitario también exige que Hamás y otros grupos armados tomen todas las precauciones factibles para proteger a la población civil de los efectos de los ataques. Esto incluye evitar, en la medida de lo posible, situar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades.

Estas normas no se están cumpliendo en la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, en la que ya han muerto más de 16.000 personas, la mayoría civiles. Ha sido la represalia de Tel Aviv tras los aproximadamente 1.400 ciudadanos israelíes que murieron en manos del grupo islamista del 7 de octubre.