La justicia de Colombia imputa al hijo de Petro por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

"Hoy se inicia formalmente la investigación". El juzgado 74 en lo penal de Bogotá imputó este martes a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, de 37 años, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, agravados por su condición de funcionario público. El fiscal Mario Andrés Burgos pidió hasta 14 años pero ofreció una rebaja de hasta el 50% de la pena si se hacían responsables de las acusaciones y se devolvía el dinero que ha sido objeto de la causa abierta. Su exesposa Day Vásquez ha sido objeto de la misma imputación con el añadido del delito de haber violado datos personales. Ninguno de los dos aceptó la oferta de la fiscalía. La decisión del tribunal capitalino tiene un alto impacto político cuando faltan pocos días para que se cumpla el primer año de gestión del primer gobierno de izquierdas de este país, y en momentos que más de la mitad de la población desaprueba lo hecho por el Palacio Nariño por el exguerrillero.

En la audiencia, el fiscal Burgos fundamentó los cargos y presentó evidencias. Tan impactante fue la sesión que pasaron a un segundo plano la llegada a la capital de la delegación de la guerrilla del ELN para ultimar los detalles del cese al fuego, en el marco del ambicioso plan de "paz total" del Gobierno, y la sanción de la ley de matrículas gratis en la universidad.

"Hoy comienza un proceso en su contra", les dijo Burgos a ambos. "La fiscalía los señala en calidad de imputados en virtud de la información legalmente obtenida. Se permite inferir que son los probables autores de una acción delictiva". La parte acusadora no dudó en afirmar que Petro Burgos acrecentó su patrimonio "de manera desproporcionada" e "injustificada". El fiscal le recordó al hijo del presidente que, por entonces, solo tenía un solo ingreso económico como legislador departamental de la región del Atlántico. "Usted no cuenta, y quedó demostrado, que no tenía otra actividad económica que generara ingresos. En sus declaraciones de renta enunció tener únicamente ganancias derivadas de su trabajo". Tampoco había reportado donaciones. El dinero, recibido en efectivo, "no ha sido fruto de su trabajo". En virtud de esa acumulación económica "con apariencias de legalidad", le reprochó Burgos, "se comportaba como un arribista, se lo tengo que decir. La sociedad había depositado confianza en usted y los defraudó". El fiscal remarcó que no tenía "nada personal" en contra del acusado ni había sido investigado por su condición de hijo del presidente, sino por sus delitos.

El escándalo estalló en marzo pasado con las declaraciones de la exesposa a la revista Semana. Vásquez aseguró que su exesposo había recibido 125.000 dólares de el exnarco Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro'. También se lo ha relacionado con Alfonso "el turco" Hilsaca, un hombre que ha sido procesado por homicidio. Ese dinero, aparentemente pedido para la campaña electoral paterna, quedó en manos del hijo y se destinó a fines personales. "Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar", puntualizó Vásquez. Y también reveló que su deseo de hablar tenía la marca del despecho: ella había sido engañada con otra. La exesposa denunció amenazas en su contra y pidió la protección de la fiscalía. A partir de ese momento, comenzó a trazarse un cerco alrededor de Petro Burgos.

Repercusiones

Los costes políticos del proceso contra el hijo del presidente comienzan a sentirse. El partido Colombia Humana ya no apoya a Máximo Noriega, quien buscaba competir por la gobernación del departamento Atlántico y que contaba con la bendición de Petro Burgos.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, en el poder, remarcó, por su parte, el modo en que Gustavo Petro afrontó lo que sucede en tribunales. "Eso se debe plantear con contundencia. Se envía el mensaje de que en este Gobierno nadie está por encima de la ley, ni siquiera el hijo del presidente".

Gabriel Cifuentes, exsecretario de la oenegé Transparencia y columnista, señaló que la imputación de Nicolás Petro carga con una "nube de tormentas" al Gobierno porque se convierte en "una artillería para la oposición". El presidente ha cumplido con el respeto a la independencia de poderes y, de esta manera, "se estaría tumbando con los mitos de la oposición de que estamos ad portas de un régimen castrochavista".

La senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal, hizo suya la denuncia del Foro Madrid que aglutina, bajo el liderazgo de Vox, a ese espacio ideológico, de supuestas presiones de los gobiernos progresistas latinoamericanos para "deslegitimar" el proceso en contra el hijo del presidente.

El escándalo tiene aristas que parecen escaparse del propio protocolo judicial. "¿Está bien capturar a alguien para imputarle un delito? ¿No bastaría con enviarle una citación para que comparezca a esa diligencia de imputación?", se preguntó Yesid Reyes Alvarado, columnista del diario bogotano El Espectador.

La opinión del abogado

Juan Trujillo, abogado del vástago del jefe de Estado, denunció a su vez "graves irregularidades" en la detención de su cliente, el pasado sábado, marcada por la "desproporcionalidad" de la Fiscalía. Puso como ejemplo que Petro Burgos fue grabado desnudo junto a su actual esposa, Laura Ojeda, quien se encuentra embarazada. "Tendrían que haber investigado a profundamente y encontrar una prueba grave que los llevó a una captura que en principio se torna exagerada".

El letrado consideró que, más allá de la equidistancia que ha tomado el presidente de la situación, "es el hijo" y lo que ocurre "le quitará por más madurez intelectual o emocional por mucho tiempo". La causa judicial se convertirá a su vez en "un caballito de batalla para muchas personas".