El PP centrará la investigación al sector público de la Comunidad Valenciana a los casos "más graves" y no prevé vetar comparecencias

Los partidos con representación en las Corts valencianes comienzan a moverse ante la comisión de investigación que han pactado PP y Vox para indagar en las supuestas "irregularidades" del Botànic denunciadas por el president Carlos Mazón esta semana. Todos los grupos coinciden en que todavía es pronto para hablar de nombres, tanto de los integrantes de la comisión como de los comparecientes que serán llamados para dar explicaciones. Desde la formación popular, que será quien lleve la voz cantante gracias a su mayoría junto a Vox, adelantan que la voluntad es centrar las pesquisas en aquellos organismos donde existen mayores sospechas y permitir que pasen por la palestra todas las personas que solicite la oposición. Más complicado parece que el PP acepte la propuesta de la izquierda para que la investigación arranque en 1995 y abarque también los gobiernos de Zaplana, Olivas, Camps y Fabra.

La comisión de investigación tendrá la estructura habitual. Estará compuesta por 13 miembros del parlamento valenciano, repartidos proporcionalmente en base a los resultados electorales: cinco miembros del PP, cuatro del PSPV y dos de Compromís y de Vox. Es decir, los partidos socios en el Consell tendrán la última palabra para decidir los entes a fiscalizar, las personas que se llamen a declarar y el marco temporal a analizar. Los integrantes todavía no están decididos y solo el PSPV adelanta que en su cuota habrá algún miembro de la dirección del grupo parlamentario.

En su comparecencia extraordinaria en la que anunció el cierre de seis organismos públicos y una doble auditoría externa, Mazón habló de incumplimientos en 50 de los 54 entes de la Generalitat. No obstante, fuentes populares señalan que no se investigarán todas ellas sino solo las "más relevantes" y donde existen sospechas de "faltas graves". Aunque es una empresa privada, la Fundación Ellis apunta a ser una de ellas.

Mazón eliminará seis empresas públicas y anuncia una auditoría a todo el sector instrumental

En cuanto a los comparecientes, en el PP aseguran que no quieren ser "restrictivos" y que negociarán con "espíritu abierto y sin ánimo de vetos". Es la respuesta que ofrecen desde el grupo popular a la pregunta de si aceptarían que acudiera Mako Mira, la máxima responsable del sector público con el Botànic y que ha sido mantenida por Mazón en el nuevo Consell. En la izquierda no confirman que vayan a pedir su asistencia.

Pocas opciones para ampliar el marco temporal

En el PSPV llamarán a cargos del Botànic "que han trabajado y acreditado que todo se ha hecho como tocaba". Los socialistas defienden que no quieren una comisión "politizada como pretenden PP y Vox" sino "de gestión" e inciden en la necesidad de analizar el sector público desde 1995. En Compromís también quieren saber si PP y Vox aceptarán la propuesta de ampliar el marco temporal antes de confirmar sus peticiones de comparecencia. Si se aceptara la extensión, la coalición reclamaría la presencia de dirigentes de esos gobiernos populares.

En todo caso, no parece probable que la investigación vaya más allá de la era del Botànic. Las fuentes populares señalan que no hay decisión tomada todavía, aunque apuntan que acceder a la petición de la izquierda podría "alterar los tiempos" de la investigación y convertirla en "inabarcable".

Si todo va según lo previsto, el PP confía en que la comisión sea aprobada en pleno durante el mes de febrero, que quede constituida formalmente en abril y que posteriormente se pacte el calendario de trabajo. Así, estaría plenamente operativa para antes de verano.