Laura Borràs esgrime un informe jurídico que concluye que su condena fue un caso de "lawfare"

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, se ha hecho eco en redes sociales este viernes de un informe jurídico elaborado por dos técnicos de la administración local que concluye que la condena contra ella fue un caso de "lawfare", es decir, de persecución judicial con fines políticos. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a la expresidenta del Parlament a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El juez le atribuyó los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impuso trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.

En su cuenta en la red social X (antes Twitter), Borràs ha compartido mensajes que destacan un informe firmado por David Ros Serra, un exinterventor municipal que ha estado ligado a la ANC, e Isidre Llucià Sabarich, interventor del Ayuntamiento de Sant Martí de Llémena (Girona). Los autores del informe, recogido por la agencia Efe, analizan la sentencia condenatoria a partir de la ley de contratos del sector público, los expedientes de la Institució de les Lletres Catalanes y la prueba pericial y llegan a la conclusión de que no hubo "irregularidad" en la adjudicación, ni fraccionamiento, ni ganancia personal.

El informe, que consta de once páginas y está fechado el pasado 12 de diciembre, califica la sentencia de "chapuza jurídica", ya que condena a Borràs "por corrupción" pese a que todos los trabajos en la Institució de les Lletres Catalanes que fueron objeto de investigación "se hicieron y se pagaron de manera correcta". "Los hechos juzgados no comportaron ningún enriquecimiento personal para ninguno de los condenados ni ningún perjuicio económico para la administración", añade el documento.

El acuerdo de investidura entre el PSOE y JxCat para abordar el 'lawfare' en comisiones de investigación, en el contexto de tramitación de la ley de amnistía, ha dado esperanzas a Borràs para que se incluya su caso en esta categoría, aunque desde otras formaciones independentistas -y también desde sectores de Junts- consideran que su expediente no cabe en la amnistía porque no está ligado al 'procés'.

Borràs fue condenada en marzo, lo que la obligó a dejar definitivamente la presidencia del Parlament, de la que ya había sido apartada provisionalmente meses antes. Su lugar lo ocupó otra integrante de Junts, la exalcaldesa de Vic, Anna Erra. La misma sentencia que la condenó también se propuso que se le conceda un indulto que rebaje la pena que se le impuso a dos años con el fin de evitar su entrada en la cárcel. El tribunal consideró que la ley que era de aplicación en este caso es demasiado punitiva.