El fiscal general se justifica ante el lawfare y la amnistía: "No soy un opinador"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha respondido este jueves de forma contundente en el Congreso de los Diputados a las críticas por su postura equidistante frente a las acusaciones de 'lawfare' dirigidas contra los fiscales del "procés" o su silencio ante la ley de amnistía. "Convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica. Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros", manifestó durante su comparecencia en la Comisión de Justicia que valora su idoneidad para seguir en el cargo, después de que el Consejo General del Poder Judicial rechazara otorgársela, lo que hasta ahora no había ocurrido.

Este papel de fiscal general "opinador" no es para García Ortiz el modelo imparcial que marca nuestra Constitución. "No es tampoco mi modelo de ministerio fiscal", aseguró ante los diputados. Aclaró que ante la sede de la soberanía popular no comparece "un contrincante político", pues el fiscal general ostenta la jefatura superior de un órgano integrado en el Poder Judicial "que, por imperativo constitucional y legal, se rige por el principio de imparcialidad", por lo que reivindicó ante los diputados "la neutralidad y objetividad" de su figura.

Contra la mayoría en el CGPJ

Por ello, fue muy crítico con el informe de la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces, del que dijo que se convirtió en "un tribunal de honor". "Ocho vocales que, en la actualidad, conforman la mayoría de un órgano diezmado, cuyo mandato caducó hace más de cinco años -añadió-. Esa menguada mayoría parece haberse autoatribuido ex novo una función de fiscalización de la actuación del fiscal general del Estado, como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior"

En este punto, García Ortiz discrepó de los argumentos que utilizó la mayoría del CGPJ para descalificarle, empezando por la sentencia del Tribunal Supremo que le acusó de obrar con "desviación de poder" al ascender a su antecesora Dolores Delgado a la cúspide de la Carrera. En ella, dijo, se hacen una serie de afirmaciones sobre su proceder acerca de las que no ha podido pronunciarse, al no ser parte en el litigio.

"Tampoco atinan estos vocales con los datos utilizados para juzgar al fiscal general del Estado sin ser un tribunal", añadió, para asegurar que se realizaron 44 nombramientos discrecionales, no 33, y que solo 10 de los fiscales propuestos son de la Unión Progresista de Fiscales, punto en el que se sorprendió de que el Consejo conozca la adscripción asociativa de los fiscales.

Defensa de los fiscales

"Flaco favor hace este caducado Consejo a una institución constitucional como es el ministerio fiscal", aseveró, tras recordar, que defenderá a cualquier fiscal que pudiese verse perturbado en sus funciones, incluidos por supuesto cualquiera de los fiscales que han intervenido en las múltiples causas relacionadas con el 'procés' independentista de Cataluña. "Tengan por sentado que este fiscal general amparará y protegerá a cualquier fiscal que se vea sometido a injerencias externas o internas", subrayó.

Tanto se defendió del informe del Consejo que el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, le pidió que no se lo tomara tan en serio, porque “estando las cosas como están qué se podía esperar” y dirigió a los vocales conservadores a manifestarse a Ferraz. La diputada de ERC, Pilar Vallugera, que reclamó que la fiscalía actúe contra los manifestantes de Ferraz como lo hizo durante el ‘procés’, defendió que los jueces sean fiscalizados por los diputados. “El poder judicial no tiene una capacidad sacrosanta de no equivocarse. Es uno más de los poderes del Estado. Debe ser controlado. Es evidente que los hemos sido escogido por los ciudadanos y los propios tienen derecho a pronunciarse sobre el acierto ideológico y técnico” de sus resoluciones. Aseguró que el ‘lawfare’ existe, “hay elementos para sacarlo del sistema y para penalizar a quien lo ha cometido y reparar al que lo ha sufrido”.

En su respuesta, García Ortiz la sacó de dudas, al declarar "prohibidas" las citaciones de jueces y fiscales a las comisiones de investigación, pero también la posibilidad de actuar contra diputados, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, por sus ataques a jueces, porque tienen garantizada la libertad de expresión en sus intervenciones parlamentarias, lo que también es una garantía del Estado de derecho, explicó. "Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho. Respetarlo significa evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado", añadió el fiscal general.

Por esta razón, aseguró que no se le verá "tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad". Esta es la razón por la que dijo no pretender ser "un comentarista de la actualidad política o judicial" y mantenerse en el espacio de lo jurídico.

En este sentido, en respuesta el diputado del PP Fernando de Rosa, García Ortiz le preguntó si no le parecía "que una frase de contenido personal o ideológico" sobre la ley de amnistía podría "llevar a pensar que eso condiciona la labor de la Fiscalía" que actúa en todos los tribunales, para añadir que si "a los fiscales se les diera una orden ilegítima, saltarían". "Eso es la Fiscalía española, no la maltratemos pensando que está en manos de la persona que está al frente", aseguró. 

Ante el "sí es sí"

Entre los hitos de su gestión, García Ortiz destacó el decreto sobre la aplicación de la ley del sólo sí es sí por el que asumió "una interpretación jurídica plausible, que contaba con precedentes similares, resultaba acorde con el espíritu de los convenios internacionales suscritos por España" y ponía el acento en las víctimas. "Había dos interpretaciones posibles y, sin duda alguna, la Fiscalía optó por aquella que a nuestro juicio protegía, amparaba y respetaba mejor a las víctimas", señaló, si bien luego se aquietaron al criterio sentado por el Tribunal Supremo, que no fue el mismo.

Entre sus propuestas de futuro, destacó el combate contra aquella corrupción que no genera tantos titulares de prensa por ser menos deslumbrante que las grandes operaciones contra el fraude y la corrupción, "pero que de manera sistémica lacera el principio de igualdad". Es por ello que en los próximos meses publicará un conjunto de doctrina vinculante respecto de los delitos de prevaricación administrativa, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Igualmente, anunció que aprobará varias instrucciones para "reforzar el sistema de controles y contrapesos de la institución y mejorar el régimen de toma de decisiones, garantizando a su vez la autonomía personal e individual de los y las fiscales". Estas Instrucciones, apunta García Ortiz, abordarán el sistema de discrepancias en el seno de la Fiscalía, las avocaciones y sustituciones en la llevanza de los procedimientos, la dación de cuenta a los superiores jerárquicos y la labor de visado por las jefaturas y los delegados de las especialidades.