Puigdemont ve un "golpe de Estado permanente" tras ser implicado en la causa de Tsunami Democràtic

La investigación de la Audiencia Nacional contra el expresident Carles Puigdemont en el caso del Tsunami Democràtic ha irrumpido de pleno en las negociaciones entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Una coincidencia que ha enfurecido al expresident, que lo ve como un nuevo capítulo de un "golpe de Estado permanente" y del "a por ellos" que considera que ejerce la justícia española contra el independentismo. Así ha reaccionado en la red social X -antes Twitter-, donde también ha vuelto a apuntar al rey Felipe VI. "Mientras no cierren la puerta que abrió el Rey con el discurso del 3 de octubre, siempre olerá a cloacas", ha avisado.

En el auto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón cita varias conversaciones en las que aparece el nombre de Puigdemont, por lo que considera que debería poder escuchar su versión de los hechos y que no puede hacerlo "en otra condición que no sea la de investigado". El magistrado considera que tiene derecho a hacerlo "asistido" por un abogado, dado que el interrogatorio "versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio". Hasta ahora el expresident no había aparecido en esta causa, que se circunscribía más al entorno de ERC y de Marta Rovira.

El dardo de Puigdemont ha sido dirigido contra el monarca, pero no contra el Gobierno ni contra el PSOE, con quién Junts sigue negociando la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía. El pacto estaba casi hecho el jueves pasado, pero embarrancó por el perímetro de esta norma para exonerar a los procesados y condenados por el 'procés'. Los posconvergentes piden que se incluya también casos no vinculados estrictamente con la organización del 9-N o del 1-O, pero que afectan al 'estado mayor' que dirigió la organización y la logística del referéndum de 2017 y en

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Entre ellos está, por ejemplo, el caso de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, que tiene pendiente un juicio en febrero del año que viene por asistir en 2018 al referéndum de Nueva Caledonia en representación del exjefe del Govern, un viaje que costó 4.580 euros. Se le acusa de malversación, por lo que se le piden tres años de cárcel y 17 de inhabilitación. También el del exconseller Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel y a 20 de inhabilitación por proporcionar un escolta a Puigdemont en Bélgica. ERC considera que este caso ya entraba en el primer redactado de la ley.