El PSOE compara el coste electoral de la amnistía con los indultos y sus barones priorizan la formación de Gobierno

Más preocupación por las desigualdades territoriales que por los efectos electorales de una ley de amnistía. En la mayoría de federaciones del PSOE coinciden en negar que ni entre sus bases ni entre sus votantes haya una especial inquietud por un pacto de investidura con los independentistas bajo la premisa de amnistiar a los encausados por el ‘procés’. Incluso en alguno de los territorios del interior argumentan que “a pie de calle” detectan otras preocupaciones. Las relacionadas con la agenda social, el debate sobre el modelo territorial -mirando más a la propuesta “plurinacional” del PNV-, o con que el acuerdo derive en desigualdades económicas en favor de Cataluña.

En la dirección de Ferraz se compara el impacto de la amnistía con el de los indultos para minimizar su coste electoral y encuadrarla en el relato de la desjudicialización. De que Cataluña está mejor que en 2017 gracias a las medidas en favor de la “convivencia”. El secretario general de una de las federaciones con mayor peso argumenta además que, al menos por el momento, “no hay debate real en el partido” sobre la amnistía, pese a las posiciones críticas de sus homólogos en Castilla-La Mancha y Aragón. “La prioridad”, según concluyen la mayoría de barones socialistas, es que “se forme gobierno”. “Ya veremos cuando haya avances si hay más debate [sobre la amnistía], pero lo que quiere el PSOE es un gobierno de Pedro Sánchez”, zanjan desde una de las federaciones.

El velo de discreción con el que se están desarrollando las negociaciones fuerza el silencio dentro del partido. Obliga a la precaución para no valorar “futuribles”, una de las mejores formas de desactivar una oposición preventiva. Por el momento, solo el manchego Emiliano García-Page y, con menos ímpetu, el aragonés Javier Lambán, se han mostrado en contra de una ley de amnistía, en línea con la vieja guardia del PSOE encabezada por Felipe González. Los ataques del PP también tienen como efecto una mayor cohesión dentro del partido. Tanto por “agitar la calle” como por declaraciones altisonantes como las de Alberto Núñez Feijóo advirtiendo de que un acuerdo con los independentistas conduce a España a un “horizonte similar a los balcanes”.

El pegamento interno debido a la estrategia adoptada por el PP se reflejó esta semana en el Senado. García-Page se plegó a la directriz de Ferraz de no acudir a la convocatoria de los presidentes autonómicos realizada por el PP en la Comisión Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta presentada como ariete contra la amnistía. El castellano-manchego, crítico desde el principio con negociar una ley de amnistía, se ausentó al igual que los presidentes socialistas de Asturias y Navarra, Adrián Barbón y María Chivite, respectivamente.

Los socialistas se revolvieron así contra un debate que enmarcaron en un intento de “boicotear” la investidura de Pedro Sánchez. La consigna de Ferraz pasa por eludir el ruido y "no hacerle el juego al PP". Frente a ello, se mantienen vivas las críticas de sectores históricos y el expresidente Felipe González volvía a arremeter esta semana contra una norma que considera inconstitucional. “Piden que reconozcamos que lo que ellos hicieron fue lo correcto y que lo que hizo el Estado fue represivo e incorrecto”, lamentaba. Un día antes había sido el turno de José Luis Zapatero, que rompió su silencio desde su omnipresencia en la campaña del 23-J para contrarrestar las voces críticas de la vieja guardia. Su paso adelante, en plena sintonía con Ferraz, se centró en abrazar la amnistía al considerarla constitucional y por la necesidad de pasar página en Cataluña.

Desde los territorios más afines se limitan a manifestar su coordinación con la línea marcada por Ferraz y su secretario general. “Lo que nos preocupa a los españoles no es esto, es la situación en Israel y Palestina y cómo nos afecta”, explicaba un senador del PSOE por designación autonómica esta semana en los pasillos de la Cámara Alta. Con todo, no prescindía de la pedagogía sobre la desjudicialización del ‘procés’ para concluir que “no e va bien a España que [Carles] Puigdemont siga fuera”.

Proceso autonómico “no asimétrico”

Sobre el debate territorial, que genera un recelo más transversal que la amnistía, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, trataba de tranquilizar a los suyos este jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado al defender un proceso autonómico “simétrico y no asimétrico”. Esto es, “la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica entre territorios como meta de ese proceso autonómico, compartido y no excluyente, en el que cabemos todos”. El PSOE, concluyó leyendo una intervención consensuada con Ferraz, será “garante de la unidad, la pluralidad y la constitucionalidad”.

Cuando el lehendakari Iñigo Urkullu lanzó su plan para abordar una reforma del modelo territorial la próxima legislatura, Espadas ya reclamó situar Andalucía "en pie de igualdad" con las demás comunidades "desde el respeto estricto al marco constitucional". En una línea similar, el expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig se abrió al debate, pero apostando siempre por una "relación federal" sin asimetrías, "igual para todos". Lambán, en una posición tradicionalmente beligerante con las demandas nacionalistas, argumentó que "el modelo territorial necesita reformas, pero para corregir las desigualdades existentes, no para aumentarlas, como pretende esa propuesta de Urkullu". Las posiciones más o menos coincidentes de críticos y afines con Ferraz muestran que el debate territorial en los términos propuestos por los nacionalistas vascos sería más difícil de digerir internamente en el PSOE que una hipotética ley de amnistía.

El último barómetro del CIS publicado esta semana sí lanzaba una alerta sobre el desgaste electoral del PSOE en este contexto negociador. Pedro Sánchez obtendría el 32,6% de los sufragios, un punto menos que hace un mes, y Feijóo escalaría hasta el 32,2%, medio punto más que en septiembre. Entre los problemas del país señalados por los encuestados en el mismo barómetro no aparece la amnistía y la “independencia de Cataluña” o “los nacionalismos” se sitúan en posiciones residuales.

La fecha de investidura sigue en el aire y un dirigente territorial reconoce que “hay preocupación por que se agilice un poco más” la negociación. Con las conversaciones encapsuladas y el PP saliendo a la calle y monopolizando debates en el Senado como cámara de oposición contra los posibles acuerdos, se corre el riesgo de elevar la factura. Fuentes de La Moncloa, en cambio, aseguran que “no hay preocupación” porque se hayan ralentizado las negociaciones. “No es fácil solucionar en unos días un conflicto que viene de años atrás”, justificaban esta semana las mismas fuentes. Hasta el punto de que aseguran que “no hay prisa”, después de insistir durante semanas sobre la necesidad de formar gobierno “lo antes posible”.