La otra ley a la sombra de vivienda que es prioritaria para el Gobierno y los socios cuestionan

El diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro, número dos del grupo parlamentario, expuso en el pleno del pasado 9 de marzo datos reveladores. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, se dictaron más de 420.000 sentencias favorables a los clientes en litigios con entidades de servicios financieros. "Esto es el 97,4% -tomen nota, señorías, el 97,4%- de los casos. Así que, o bien tenemos unos jueces que tienen tirria a los banqueros o entonces tenemos un problema con el comportamiento del sector", proclamó. Puntualizó acto seguido que "a finales de 2021 quedaban pendientes de resolver" casi 213.000.

Dirigiéndose directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en su escaño entonces, Guijarro añadió que "hay clientes que firmaron su hipoteca antes de 2013, cuando se anulan todas las cláusulas suelo, que todavía no han recibido respuesta judicial". Diez años después, reiteró en la tribuna de oradores para realzar la tardanza. Conclusión: "Lo que hace una década era una necesidad, ahora ya es una urgencia y necesidad apremiante"”.

¿A qué se estaba refiriendo el diputado de Unidas Podemos? Pues se refirió al proyecto de ley por el que se crea una Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero. El pleno del Congreso, el 9 de marzo, debatió y superó la enmienda a la totalidad (devolución del texto) presentada por Vox, aunque no fue la única que llegó al hemiciclo. ERC registró otra, pero no llegó a la votación. Los republicanos la retiraron antes como gesto de voluntad negociadora. Después de las vacaciones de Semana Santa, empezarán a circular propuestas al respecto.

Fuentes socialistas informan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que la norma es una prioridad legislativa. A ser posible, saldrá del Congreso durante el mes de mayo, antes de las elecciones autonómicas y municipales. Fuentes de Unidas Podemos, aliado principal del PSOE en el Congreso, socio en la coalición de gobierno, confían en que a lo largo de abril se cierre la negociación, al menos en la Comisión de Asuntos Económicos, que es donde está residenciada la norma. Fuentes parlamentarias implicadas en la supervisión del trámite coinciden en que este mismo mes es un límite temporal asumible, deseable incluso. "No nos hemos puesto plazos, pero queremos sacarla cuanto antes", zanja una fuente socialista.

No será un camino sencillo

Nadie en el Congreso oculta que si hay un proyecto primordial para el Gobierno, a corto plazo, es el de la nueva ley de vivienda. Frustrada la derogación de la ley 'mordaza', que era un objetivo simbólico del Ejecutivo y de la izquierda parlamentaria en general, la ambición se ha volcado en un texto que no logran desbloquear PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, sin embargo.

Cuando terminen las vacaciones de Semana Santa, volverán los contactos, y sobre todo, se producirá un intercambio intenso de papeles y de propuestas. Pedro Sánchez ha dicho en dos ocasiones, en publico, que la aprobación de una ley como la mencionada es “una asignatura pendiente de la democracia”. El Ministerio de Transportes y la dirección parlamentaria socialista saben perfectamente lo que hay que hacer cuando el presidente, ante los micrófonos, se expresa así.

Detrás, aparece un pequeño y selecto grupo de normas que no tardarán mucho en aprobarse, si no descarrilan las negociaciones. Avanzados o muy avanzados están los trámites de las leyes para la creación de la oficina española de derechos de autor, sobre movilidad sostenible, para protección del secreto profesional del periodismo, contra el desperdicio alimentario, de regulación de servicios de atención a la clientela, de eficiencia organizativa del servicio público de justicia y la de la autoridad de defensa del cliente financiero.

Ésta última es, probablemente, la más importante, políticamente, de las enumeradas antes, pero no se prevé un camino sencillo por la Comisión. La derecha la rechaza. Vox, ya se ha contado, pretendió que la Cámara devolviera el proyecto. El PP se abstuvo. Cs, aunque apoyó la continuidad del procedimiento parlamentario, se mostró reacio, y lo explicó con detalle Edmundo Bal mientras duró el debate. 

Salvo giro inesperado, la ley que creará una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero la negociarán el Gobierno y los grupos y formaciones que componen la mayoría progresista del Congreso. Las posiciones de partida, distantes, anticipan un tortuoso proceso negociador.

El 9 de marzo, Joan Capdevila, de ERC, tildó el nuevo organismo de “autoridad única centralizada” que perfectamente podría llamarse “jacobina”. También pidió a Calviño más contundencia con la banca, menos miramientos. “Ya está bien de confiar en la banca y de sus juramemos por ‘Snoopy’”, dijo. Oskar Matute, de EH Bildu, reconoció que la exposición de motivos del proyecto, al hablar de “la exigencia de un marco regulatorio para una realidad económica tan fuerte como la que significa el sector bancario y crediticio”, resultaba del agrado de su partido, pero recalcó a continuación que la norma “se queda corta”.

En representación del PNV intervino Idioia Sagastizábal. La diputada vasca llegó a decir que su partido no veía colisiones competenciales. “Mi grupo entiende que son necesarios estos mecanismos para avanzar y mejorar la protección a la ciudadanía en sus relaciones con el sistema y servicios financieros”, aseguró para relajación del PSOE. El problema es que luego dijo, para intranquilidad del PSOE. “¿Estamos de acuerdo con la totalidad del proyecto de ley? No. Somos críticos también”.

Resoluciones vinculantes

La gran aportación de la norma, la creación de la Autoridad, es un compromiso recogido en el plan de recuperación que España presentó a la UE para recibir los fondos de la postpandemia. No hay mucho tiempo que perder, por tanto. La velocidad seguida hasta la fecha lo demuestra. Si bien el texto aterrizó en el Congreso en diciembre, el ritmo se propulsó a partir de febrero. Se decidió entonces la tramitación urgente y no ha parado. El 9 de marzo superó la enmienda a la totalidad y la semana pasada el Boletín Oficial de las Cortes publicó las enmiendas. Es el turno de la ponencia.

Se trata de un texto de 65 artículos, ocho disposiciones adicionales, tres transitorias y ocho finales. Los grupos han registrado 258 enmiendas, ni más ni menos, lo que retrata la importancia que dan a la ley. 

La redacción del proyecto deja claro que el público objetivo son las personas mayores, los ciudadanos que residen en municipios despoblados o en riesgo de despoblación y personas con discapacidad. La regulación se inspira en iniciativas previas como la promesa, materializada en octubre de 2022, de garantizar el acceso a servicios bancarios presenciales a las más de 660.000 personas que residen en los 3.230 municipios que no disponen de oficina.

Tampoco nace de la nada la Autoridad. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ofrecen servicios de atención. La ley emplea la palabra “complementar”, que es lo que hará la Autoridad cuando se forme: complementar lo que ya dispensan en los tres organismos. Ahora bien, tendrá autonomía y sus resoluciones se harán con celeridad y con carácter vinculante en aquellas reclamaciones de cuantías inferiores a los 20.000 euros. Es una de las novedades más destacadas. 

Lo que concierne al procedimiento viene tasado. Será requisito previo haber acudido, sin éxito, a los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras. También está delimitado el alcance de las decisiones de la nueva autoridad. Podrá acordar la devolución de las cuantías o establecer una compensación equitativa y proporcionada. Si la entidad incumple, podrá imponer sanción, que será leve o grave en función del número de afectados o de la reiteración de las conductas inapropiadas. 

La Autoridad se financiará gracias a una tasa que aportará el sector financiero. Su organigrama lo integrarán una presidencia, una vicepresidencia y vocalías. Las personas que ejerzan los dos primeros puestos habrán de comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos y accederán a los cargos si los respaldos alcanzan sendas mayorías absolutas. 

El contenido no es definitivo, pero el Gobierno quiere que lo sea cuanto antes. Antes de las elecciones del 28 de mayo, mejor. Igual que la ley de vivienda, sólo que con menos luz, menos expectación y seguramente menos polémica.