El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido aumentar la presión sobre los dirigentes políticos que apoyen el 1 de octubre para que sean muy conscientes de a qué se arriesgan si desobedecen la suspensión del Tribunal Constitucional. Bajo los focos están ahora los alcaldes que aparecen en la lista de la Asociación de Municipios por la Independencia como firmantes del decreto en el que ponen a disposición del Gobierno catalán sus locales. Ayer, Maza ordenó a las fiscalías de Cataluña abrir diligencias de investigación a todos ellos para tomarles declaración como imputados «en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización ilegal» que hayan realizado. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado de «barbaridad» la decisión de la fiscalía y anunció que estará al lado de los 712 alcaldes que han convocado este sábado una concentración de protesta en Barcelona.

El listado de la AMI en el que se basa el ministerio público incluye a 712 municipios de los 948 que hay en Cataluña. Y ese es el número de diligencias por abrir, sin perjuicio de las que también se inicien contra todos aquellos que apoyen la consulta de otro modo aunque no hayan firmado el decreto. Solo la cifra ha hecho saltar las alarmas sobre la carga de trabajo extra que esta actuación supondrá para el ministerio público y, más adelante, para los juzgados de Cataluña. Ellos serán los encargados de realizar la imputación formal de los regidores tras admitir las querellas con las que se culminarán las diligencias fiscales, cuando se entienda que efectivamente ha habido delito de desobediencia, prevaricación o malversación.

MUNICIPIOS GRANDES / La única medida incluida en la circular en este sentido es que las diligencias se inicien escalonadamente, empezando por los municipios de mayor población. En la relación aparecen, entre otros, Gerona, Vic, Martorell, Manresa, Igualada, Berga y Tortosa. Fuentes fiscales señalaron que no es necesario que todos los alcaldes declaren antes del 1 de octubre ante el fiscal, porque el objetivo es que «ningún delito quede impune» y «nadie crea que está por encima de la ley», lo que también se conseguirá actuando contra ellos después del día previsto para el referéndum.

En el Congreso, la mayor parte de la oposición mostró sus reservas o su desaprobación. El PSOE y el PSC apoyan la decisión de Maza, pero el primero duda de que el ministerio público cuente con los medios suficientes para llevarla a cabo. ERC y PDECat, en cambio, lideraron la petición, a la que también se sumaron EH Bildu, Compromís y el PNV, para que el fiscal general del Estado comparezca en la comisión de Justicia del Congreso para rendir cuentas de su iniciativa, informa Juan Ruiz Sierra.

Además, el PDECat recordó que alrededor de una veintena de alcaldes son también diputados, por lo que cuentan con una inmunidad que obliga a solicitar el suplicatorio a la Cámara a la que pertenezcan antes de actuar contra ellos, informa Pilar Santos. La Fiscalía optará por tomarles declaración en último lugar.

La realidad es que es imposible saber con exactitud cómo se va a gestionar una instrucción fiscal que puede tener graves efectos para los alcaldes implicados, ya que se enfrentan a delitos penados con inhabilitación; la malversación podría acarrearles hasta ocho años de cárcel, pero este solo se impondría si se entiende que han dispuesto de fondos públicos para la realización de actividades delictivas. En cualquier caso, una condena por inhabilitación supondría, sin necesidad de que sea firme, que no puedan ser candidatos en las próximas elecciones municipales. Según la ley electoral, su inclusión en una lista conllevaría que esta quede contaminada y sea excluida de los comicios, aunque ni la encabecen.