Frente a la tesis alimentada por la izquierda aberzale de que el Gobierno se mantiene en la línea de salida pese al anuncio de ETA de abandonar su actividad armada, la dirección del PP avanzó ayer varios kilómetros en la carrera hacia una paz definitiva en Euskadi al reconocer que la política de dispersión de los presos etarras "ya no tiene sentido en un momento de desaparición de la banda".
Génova salió en defensa del nuevo plan de reinserción de reclusos diseñado por el Ministerio del Interior y sucesor de la denominada vía Nanclares, si bien reconoció que los cambios penitenciarios deberían haberse "cocinado" antes con las asociaciones de víctimas y los medios de comunicación para frenar las críticas y que la sociedad en su conjunto entienda que el Gobierno no sólo "no está cediendo frente a la banda", sino que su único objetivo es "debilitar a ETA de manera definitiva" a través de su activo más importante en estos momentos: su medio centenar de presos.
Fuentes del PP calculan que de ellos entre 100 y 200 están literalmente "quemados y hasta el gorro de aguantar" a la dirección de ETA y podrían por tanto desligarse su yugo y acogerse al plan. "Tenemos que facilitar que los que están dispuestos a romper con la banda, lo hagan", explican estas fuentes, que admiten que ante el futuro escenario electoral en el País Vasco la nueva política penitenciaria les permite ganar adeptos que contrarresten el gran respaldo de la izquierda aberzale. El Gobierno debe actuar con "la suficiente inteligencia" para terminar con ETA y hacerlo "con el acompañamiento de la sociedad, también la vasca", señalan los populares.
La direción del PP sostiene además que, pese al malestar de las asociaciones de víctimas, la nueva hoja de ruta mantiene "el nivel de exigencia" que marca la ley e impone condiciones "claras" frente a la arbitrariedad de la llamada vía Nanclares.
LA PROTESTA DE LAS VICTIMAS A este respecto, el secretario de justicia, derechos y libertades del PP, Iñaki Oyarzábal, consideró ayer que "no hay motivos" que justifiquen la concentración que las víctimas del terrorismo han convocado en Madrid el 9 de junio precisamente contra el nuevo plan de Interior.
