El Estado retirará tres meses la renta mínima si se rechaza un empleo

Junto al diseño de la nueva prestación que va a garantizar un ingreso mínimo vital a las familias vulnerables con efectos desde el 1 de junio, el Gobierno ha dispuesto un régimen de infracciones y sanciones que, entre otros aspectos, castigará a los titulares de la prestación que rechacen una oferta de trabajo. En este caso, el Estado les retirará la prestación por un periodo de tres meses (seis meses, si la negativa es reiterada)

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el real decreto 20/2020, de 29 de mayo, por el que se regula el ingreso mínimo vital (IMV). La prestación se podrá solicitar a partir del 15 de junio y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de junio del 2020 aunque se presente dentro de los tres meses siguientes. Si la solicitud se presenta después, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la solicitud.

El real decreto establece un régimen de infracciones leves, graves o muy graves.

Una infracción leve será, por ejemplo, no presentar la documentación precisa. En este caso, la sanción prevista será de un simple apercibimiento.

Entre las sanciones graves se sitúa rechazar una oferta de trabajo o un itinerario de inclusión; o no comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan. Para las infracciones graves, está prevista la posible pérdida de la prestación por un periodo de tres meses y, si es el caso, la devolución de cantidades indebidamente cobradas, así como una multa equivalente a tres mensualidades. Para las infracciones más graves, la pérdida de prestación y/o la sanción se eleva a seis meses.

LAS AUTONOMÍAS, EN EL 2021 / El texto publicado en el BOE detalla, además, el ingreso mínimo que se pretende garantizar a cada uno de los 14 tipos de familias establecidos. Las cuantías van de 462 euros por 12 mensualidades para un hogar compuesto por un adulto sin hijos, hasta los 1.015 euros para una familia con dos adultos y tres o más menores.

El decreto aclara que el Gobierno estudiará a partir del 2021 establecer convenios con comunidades para que gestionen el IMV, como ya sucede en los casos vasco y navarro. El Gobierno tiene asegurada la votación del decreto que, todo apunta, se producirá la próxima semana en el Congreso, informa Miguel Ángel Rodríguez. Tan solo Vox se ha mostrado contrario a apoyarlo ya que, según su portavoz, el IMV supone «cronificar la pobreza» y provocará un efecto llamada «a gritos» de inmigrantes ilegales. Tanto el PP como Cs se han mostrado favorables a este nuevo ingreso aunque votarán que se tramite como proyecto de ley.