Cada año, según cifras del Parlamento Europeo utilizadas por Bruselas para ilustrar su nuevo arsenal de medidas contra la evasión fiscal, se pierden entre 50.000 y 70.000 millones en impuestos debido a la utilización por parte de las multinacionales de estrategias agresivas de ingeniería fiscal, que les permiten desviar beneficios hacia países con fiscalidades más ventajosas. Dinero, dice el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, que la UE podría dedicar a financiar servicios públicos como hospitales, escuelas o transportes. "Son cinco veces los fondos dedicados a la crisis migratoria. Dinero perdido para el crecimiento. La evasión fiscal tiene un coste", alerta.

Su nueva batería propuestas es la respuesta a las estrategias agresivas de ingeniería fiscal que utilizan las multinacionales y a los regímenes fiscales que facilitan esas prácticas como quedaron en evidencia con el caso Luxleaks . Un escándalo que puso a finales del 2014 en evidencia la existencia de pactos entre más de 300 multinacionales y la Hacienda de Luxemburgo para minimizar el pago de impuestos desviando hacia este pequeño país centroeuropeo sus beneficios. Los números hablan por sí solos. Las empresas locales europeas soportan una carga fiscal un 30% más elevada que las multinacionales debido a la transferencia de beneficios.

Su plan incluye medidas para evitar la competencia desleal entre las distintas haciendas europeas, para evitar que las empresas transfieran sus beneficios a paraísos fiscales, poner coto al abuso de los convenios fiscales bilaterales, que ofrecen vías para escapar a la imposición, y que las multinacionales se aprovechen de las disparidades que existen entre las legislaciones nacionales para reducir su factura fiscal. Por ejemplo, la tasa del impuesto de sociedades es en Francia del 38%, más del doble del 10% vigente en Bulgaria o el 12,5% de Irlanda.

Si sale adelante el plan, las empresas que operan de forma transfronteriza tendrán que informar país por país sobre los beneficios e impuestos pagados lo que permitirá a los Estados miembros cruzar información y minimizar las posibilidades de que terminen sin pagar lo que deberían. Esta información no será pública aunque la Comisión está dispuesto a examinar esa posibilidad en primavera, en función de los resultados que obtengan en el estudio de impacto que han encargado. Entre sus intenciones también figura la creación de una lista negra de países terceros no jueguen limpio y cooperen en la lucha contra la evasión fiscal. Bruselas establecerá criterios e identificará países prioritarios y después serán los Estados quienes decidirán a quien incluir.

Moscovici es consciente de las dificultades de la negociación que se abre ahora --la propuesta necesita unanimidad para su aprobación en el Consejo-- pero confía en que la necesidad de que más transparencia dará sus frutos.