En el partido de la reforma laboral, no hay prórroga. El Gobierno, que de momento actúa como árbitro, no concederá más tiempo a UGT, CCOO y CEOE para que le presenten una reforma laboral. El lunes dará por acabado el plazo que fijó Mariano Rajoy y comenzará a estudiar su proyecto. Este es el mensaje que el Ejecutivo envió ayer a los sindicatos y la patronal tras analizar el documento que el martes le remitieron con los acuerdos y desacuerdos y con los asuntos que son de negociación bilateral.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó que los sindicatos y la patronal no hayan logrado pactar los asuntos "troncales" y reiteró la decisión "firme" de acometer la reforma del mercado laboral "que España necesita". El Gobierno aún no ha decidido cuándo aprobará medidas en ese ámbito, aunque la fecha tope es finales de marzo. Fuentes oficiosas hablan del 15 de febrero, pero el próximo viernes podría legislar sobre algún acuerdo de los agentes sociales.
Saénz de Santamaría apenas destacó los temas pactados, lo que irritó al portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, quien pidió al Ejecutivo que diga claramente qué quiere hacer en el mercado laboral y para qué. La réplica de las centrales es unívoca: la evolución de los salarios y la flexibilidad interna en las empresas son temas de exclusiva competencia de los agentes sociales.
En TVE, el líder de UGT, Cándido Méndez, advirtió de que "si el Gobierno impone la reforma, será la enésima que termina en fracaso". Y apostó por hacer "pedagogía" para desmontar la "patraña" de que una reforma resolvería el problema del paro. Se- gún Méndez, los sindicatos han hecho "todo y un poco más" para llegar a un acuerdo, y junto a la CEOE, han cumplido "escrupulosamente" con el plazo.
Los sindicatos propusieron una moderación salarial incluso por debajo del IPC para el 2012 y 2013, con una cláusula de revisión para el 2014 para compensar el poder adquisitivo perdido tras la subida del IRPF. También ofrecieron convertir empleo a tiempo completo en empleo a tiempo parcial para evitar despidos, transformar los contratos temporales en contratos de fomento del empleo (con 33 días de indemnización) y ampliar la cláusula de inaplicación salarial para que sea más ágil.
