Conseguir que las cajas alcancen los nuevos estándares de capital que exige el Gobierno --superior al que fijan las normas contables internacionales de Basilea III para el 2019-- le costará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) algo más de 6.355 millones de euros. Es el volumen de los fondos que solicitaron ayer al Estado cuatro de las ocho cajas que deben elevar su solvencia hasta el 10%. De ser concedidos, las entidades serán nacionalizadas de forma parcial y temporal.

Ayer cumplía el plazo para que las entidades --cuatro bancos, además de las ocho cajas-- comunicaran al Banco de España cómo harán frente a la obligación de elevar sus recursos. Banco Base, Novacaixagalicia y CatalunyaCaixa contemplan acudir a los fondos públicos como primera opción, y Unnim, como segunda. Otras tres fusiones de cajas (Bankia, Mare Nostrum y Banca Cívica) se proponen conseguir recursos saliendo a bolsa como primera alternativa. Caja España-Caja Duero, por su parte, se integrará en Unicaja.

La ayuda pública necesaria para recapitalizar el sector, así, será en principio muy inferior a los 20.000 millones de los que habló el Gobierno y a las estimaciones de los analistas. Con todo, la cantidad final podría ser mayor a la solicitada, ya que las duras condiciones de los inversores podrían hacer fracasar alguno de los intentos de saltar a bolsa. Además, las necesidades podrían ser mayores si las entidades no superan las pruebas de resistencia del próximo verano.

SOLUCION En cualquier caso, ayer se despejaron algunas dudas sobre la operación que corre más riesgo de romperse, la de Banco Base (la fusión liderada por la CAM y Cajastur). En el consejo de administración de la entidad, celebrado ayer en Madrid, la entidad alicantina desistió de sacar a bolsa el banco y aceptó solicitar la ayuda pública (1.447 millones de euros).

A cambio, la caja mantendrá su participación en el banco (40%, igual que Cajastur, frente al 11% de Caja Extremadura y 9% de Caja Cantabria). Sus socios querían que la entrada del Estado en el capital se hiciera a costa de la participación de la entidad alicantina, que bajaría al 27%. Desde la CAM se espera que la entrada del Estado se haga rebajando el peso de las cuatro cajas de forma proporcional.

La operación tiene mañana otra prueba de fuego. Las asambleas de las cajas deben aprobar el traspaso de su negocio al banco. Fuentes cercanas al grupo aseguraron que las diferencias entre la CAM y Cajastur siguen siendo grandes y que no está garantizado el apoyo de los cuatro órganos de gobierno. Su rechazo daría al traste con la fusión.

También ayer, Unnim dio a conocer oficialmente sus planes. El grupo en el que se integran las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu contempla como primera alternativa "llevar a cabo una alianza que permita hacer una operación de carácter corporativo con un grupo financiero". Es decir, integrarse en un sistema institucional de protección (SIP) o una fusión. La caja mantiene conversaciones con otras entidades. Han trascendido Banca Cívica, Unicaja, las cajas vascas e Ibercaja. Las tres primeras llevan a cabo sus propios planes que capitalización al margen de un posible acuerdo con Unnim.

Tanto Novacaixagalicia como CatalunyaCaixa acudirán al FROB como primera alternativa, pero en el caso de la entidad catalana no se descarta solicitar los recursos públicos mediante participaciones preferentes, en la proporción que impida que el Estado se convierta en el primer accionista al aportar capital.